- Con el proyecto de venta de 1.100 torres a filiales de KKR, Tigo-UNE recibiría $80 millones de dólares entre 2024 y 2025.
- Los servicios de internet y telefonía en los barrios La Esperanza 2, El Compromiso y Carpinelo ubicados en la Comuna 1 – Popular del Distrito de Medellín son insuficientes y de mala calidad para la comunidad.
La venta de torres de comunicaciones inalámbricas por parte de Tigo – UNE suscito este debate de control político citado por el concejal Juan Carlos Upegui, en el cual se espera que la empresa justifique la necesidad de la venta y cómo se beneficia a la compañía, considerando que se trata de la enajenación de un patrimonio público, además, cómo se tomó la decisión de aprobar la venta de esta infraestructura pasiva por parte de la Junta de accionistas, y cuáles fueron las bases sobre las cuales se fundamentó dicha aprobación.El Concejal citante expresó su preocupación por la evidente pérdida de valor de la empresa. Desde la fusión, la compañía ha experimentado un declive continuo y reducción de las utilidades operacionales, expresó Upegui; asimismo, destacó la importancia de entender las implicaciones de la pérdida del patrimonio del Distrito.
Aseguró que el año 2023 fue uno de los peores para la empresa registrando pérdidas cercanas a $1,2 billones de pesos, lo más alarmante, según el Concejal, es que desde 2014, el patrimonio también ha experimentado una disminución. En su opinión, el peor negocio realizado por la ciudad fue la fusión con Millicom, ya que la compañía se ha endeudado sin control y aunque se prometió que la compañía seguiría siendo pública en realidad está controlada por una empresa privada y se ha producido despidos masivos a pesar de las garantías dadas durante la fusión de respetar los derechos de los trabajadores.
El Cabildante cuestionó la lógica de vender los activos de la empresa solo para volver a arrendarlos, abogando por impedir la venta del patrimonio público del Distrito y exigiendo una vigilancia exhaustiva del contrato. Destaca que las pérdidas acumuladas de UNE representan el 20% del presupuesto de Medellín para este año, considerando esto un detrimento significativo para una empresa de la ciudad. En conclusión, el Concejal subrayó la necesidad de proteger los intereses públicos y vigilar la gestión de la empresa.
Por otra parte, la segunda bancada liderada por el concejal Farley Macías solicitó mejoras en la conectividad de los servicios de internet y telefonía en los barrios La Esperanza 2, El Compromiso y Carpinelo, ubicados en la comuna 1-Popular. Argumentó que estas zonas, junto con otras, carecen de un servicio adecuado, lo que refleja una falta de compromiso de la compañía hacia los ciudadanos y contribuye a la marginación y exclusión de estas comunidades.
El concejal propuso promover una mayor inclusión social, permitiendo que las personas en estas zonas accedan a servicios de mejor calidad, mejorando así su calidad de vida. Destacó la importancia de las telecomunicaciones para el acceso a información, educación, empleo y servicios públicos. De igual forma, consideró inaceptable la falta de respuesta por parte de Tigo-UNE, subrayando que las respuestas a los cuestionarios fueron presentadas a las 8:37 am, minutos antes de iniciar la plenaria impidiendo que los Concejales tuvieran acceso a la información.
En medio de la creciente inconformidad, el concejal José Luis Marín, representante de la tercera bancada, se unió a la falta de respuestas oportunas a los Concejales por parte de la empresa Tigo-UNE. Coincidiendo con Upegui, demandó una explicación clara sobre la necesidad de vender la infraestructura pasiva, cuestionando la lógica detrás de la venta y posterior arrendamiento de las torres.
Marín argumentó que la compañía está siendo desmantelada gradualmente para favorecer intereses privados, conduciendo a una eventual privatización. Expresó su preocupación por la presunta destrucción de los derechos laborales mediante la sustitución patronal, instando a la defensa de los empleados que son fundamentales para la continuidad de la empresa.
Algunos Cabildantes señalaron que, a pesar de las promesas de proteger la estabilidad laboral, muchos empleados están siendo contratados por obra labor, evitando indemnizaciones. Enfatizaron que muchos barrios carecen del servicio de internet ni telefonía, y aunque la respuesta de la compañía ha sido atribuirlo al robo de cobre, la falta de soluciones prácticas para los ciudadanos genera mayor inconformidad.
Agregaron que es urgente mejorar equipos, renovar tecnologías y estudiar exhaustivamente el panorama para garantizar la continuidad del servicio, ya que los pasivos están creciendo de manera exponencial y se deben tomar acciones relevantes para evitar la dilución y eventual desaparición de la empresa. En vista de estos desafíos, se destaca la necesidad de comprender la vocación de Tigo-Une, especialmente desde el punto de vista financiero, y conocer las proyecciones futuras, aspectos que no fueron abordados en la presente sesión.
Por su parte, el presidente de Tigo-UNE telecomunicaciones, Marcelo Cataldo, destacó la transformación de la industria hacia el internet móvil, internet fijo y servicios convergentes. En 2021, Colombia registró un crecimiento de conectividad de 600 mil hogares, pero en 2023 este número no superó los 100 mil hogares, a pesar de que el mercado total cuenta con 14 millones de viviendas, explicó.
El Presidente manifestó que se consideró la venta de la infraestructura pasiva, que comprende el suelo y el marco de la antena, excluyendo la infraestructura activa responsable de irradiar la señal. Argumentó que esta transacción no disminuiría el valor de la compañía ya que se trata de un movimiento financiero estratégico, por éste, la empresa recibiría un pago por $80 millones de dólares entre 2024 y 2025, y la eficiencia derivada de este proceso incluiría un retroarriendo con un valor inferior al proyectado, ahorros en operación y mantenimiento, y la eliminación del pago de arriendo del terreno donde se ubica la torre, añadió.
En su intervención, el gerente de EPM, John Maya, respaldó la posición del Presidente de Tigo-UNE, indicando que el objetivo de la venta es reducir costos y centrarse en el núcleo del negocio, que es la infraestructura activa, con el fin de aumentar los ingresos. Estas ventas no son algo nuevo ya que se han llevado a cabo desde 2017, de las más de 5.000 torres que tenía UNE, la última venta abarcó 1.132, lo que implica que ya se habían vendido más de 4.000 estructuras anteriormente. Esto fue un factor decisivo para que los nuevos miembros de la Junta Directiva de EPM votaran a favor de esta transacción, ya que todas las estrategias están enfocadas a hacer la industria considerablemente más rentable, puntualizó.
El secretario Privado, Simón Molina, afirmó que UNE representa un patrimonio crucial para la ciudad y desde la Administración se busca salvaguardar tanto este patrimonio como los intereses de los ciudadanos. No obstante, enfatizó la importancia de no discutir ni especular sobre dudas o situaciones hipotéticas y subrayó la necesidad de basar cualquier discusión o decisión en estudios técnicos con el fin de tomar la mejor determinación posible.
Para finalizar, comunidad y trabajadores de UNE presentes solicitaron a los entes de control pronunciarse ante el despilfarro de estas empresas y realicen una auditoría integral. Existe desacuerdo con la venta del patrimonio público y se demandan garantías laborales para los empleados, algunos de los cuales han pasado hasta dos años sin aumentos salariales, mientras que otros han sido despedidos de manera injustificada, según testimonios de representantes sindicales.
Los residentes de los barrios La Esperanza 2, Carpinelo y El Compromiso, demandaron una pronta solución a sus problemas de conectividad y mejorar el servicio de internet para que llegue a todas las zonas de la ciudad, especialmente las periféricas. En conclusión, los habitantes de estas áreas insisten en recibir un servicio adecuado que satisfaga sus necesidades fundamentales.
