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Se analizaron las acciones de gestión del riesgo para sectores afectados por fuertes lluvias en la ciudad

SE ANALIZARON LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO PARA LOS SECTORES AFECTADOS POR FUERTES LLUVIAS EN LA CIUDAD 

Boletín 157

3 de noviembre de 2020

Conocer las acciones realizadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios El Pacífico y 13 de Noviembre, ubicados en la Comuna 8 de la ciudad, fue el propósito de la plenaria realizada en la tarde de ayer, en la cual, la Administración Municipal presentó las estrategias realizadas en estos sectores que se vieron afectados por las intensas lluvias que han caído en la ciudad y que afectaron a 52 familias y 109 personas.
 
La concejala Dora Cecilia Saldarriaga, proponente de esta sesión, se refirió a los hechos ocurridos el 19 de septiembre del año en curso y que fueron ocasionados por la intensidad de lluvias y el desbordamiento de la quebrada La Rafita.

En su intervención, recalcó la poca claridad en la ruta de acompañamiento por parte de la Administración Municipal, la vulneración expresa de derechos humanos en el marco de la atención a las familias afectadas, sumado a que no se han tenido en cuenta las condiciones socioeconómicas para adelantar los trámites, en especial durante esta etapa de reactivación económica.
 
Por lo anterior, solicitó tener en cuenta un enfoque diferencial, incorporar asesoría emocional y jurídica, e intervenir las condiciones de amenaza necesarias que permitan la disminución de situaciones de vulnerabilidad, agregó la Concejala.
 
Concejales que tomaron la palabra durante la sesión, explicaron que en estos hechos se han identificado tres causas generales, la primera es la mala gestión del suelo ya que se adelantan construcciones y loteo ilegal a pesar de encontrase en zona de reserva forestal; la segunda es el deterioro ambiental evidenciado por deslizamientos, desviación del cauce de quebradas, pérdida de la capa vegetal, construcciones en las laderas del cerro y en plena vaguada; y la tercera está asociada a la crisis climática y ecológica que está generando tormentas cada vez más intensas y peligrosas.

Además, recalcaron que el principal problema que enfrenta la comunidad de El Pacífico se debe a la falta de acceso a vivienda digna, para lo cual piden solución estructural y definitiva de vivienda para esta comunidad necesita. Además, solicitaron a la Alcaldía revisar la meta que tiene la ciudad en esta materia, considerando que en Medellín el déficit supera las 50.000 viviendas y solo se han proyectado 12.720 soluciones habitacionales para este cuatrienio.
 
De otro lado, lamentaron la ausencia del Estado en el sector, pues apenas hasta ahora y a partir de este suceso, se hizo presencia en el lugar. Por lo que hicieron un llamado a la Administración Municipal para que se siga trabajando en la gestión del riesgo, se mejoren las viviendas afectadas y en el caso que haya que hacer reubicación, sea en la misma zona, para evitar romper el tejido social.

Además, hicieron un llamado para que el Plan de Acción Climática tenga un propósito común y desde allí, se identifiquen acciones que contribuyan a subsanar las brechas sociales y económicas de las personas que viven en las zonas más altas de las laderas ya que se pone en riesgo sus condiciones de vida y la infraestructura de sus viviendas.  
 
Finalmente, insistieron que no se ha hecho un verdadero pacto por acabar la pobreza extrema en la ciudad, como Estado tenemos una corresponsabilidad en garantizar que ninguna persona se quede atrás y tengan una verdadera oportunidad para desarrollar sus proyectos de vida, añadieron los corporados.
 
El secretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya, frente a los hechos mencionados, indicó que a la fecha se han realizado tres operativos, en los cuales se han hecho enajenaciones, infracciones urbanísticas, y revisión de condiciones de vida digna como el mínimo vital de agua y servicios públicos.

Además, se han efectuado recorridos, en los cuales se han evidenciado varios lotes y procesos constructivos sin las respectivas licencias urbanísticas; también el desarrollo y construcción de vías de acceso en los predios en Altos de la Mora, ubicada en la vereda Matasanos del corregimiento de Santa Elena.
 
En estas visitas, se judicializaron dos presuntos enajenadores ilegales a quienes se les está adelantando denuncias penales ante la Fiscalía General y sancionatorios por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, además se incautó una retro excavadora, añadió el funcionario.
 
Por su parte, Jazmín Vásquez, profesional del ISVIMED, detalló las acciones emprendidas días posteriores a la tragedia, se refirió al proceso de identificación de las familias afectadas, y la definición de rutas de atención en coordinación con otras entidades municipales para garantizar una atención integral, que incluye arrendamientos temporales, acompañamiento social y asesoría legal.

De otro lado, Alethia Carolina Arango, directora del DAGRD, explicó que las acciones comunitarias en favor de la Gestión del Riesgo obedecen a la apropiación del conocimiento que se ha ofrecido a los Consejos Comunitarios de Gestión del Riesgo y el fortalecimiento que hace la entidad para los mismos, y de esta forma prevenir este tipo de situaciones en el futuro.
 
Comunidad que intervino durante la sesión, pidieron aplicar la Política Pública de Protección a Moradores en los escenarios de prevención y/o ocurrencia de desastres, bajo un enfoque de derechos.
 
Además, expresaron que se hace necesario reconocer las capacidades comunitarias existentes en cada territorio, sobre todo donde las comunidades organizadas han fortalecido su tejido comunitario y aumentado su capacidad de solucionar diversas situaciones.

Reclamaron un plan de recuperación que contemple soluciones de vivienda definitivas para las familias que tienen recomendación de evacuación, posibilidad de reasentamiento para que no se pierda el tejido organizativo ya construido; mejoramiento de las viviendas que quedan en la zona, para reducir las situaciones de colapso estructural y manejo de aguas lluvias; y la flexibilización en los procedimientos y requisitos para la garantía efectiva del derecho a la vivienda de las familias en escenario de riesgos.