Boletín 245
9 de julio de 2019
La Empresa CASS CONSTRUCCIONES S.A.S está incursa en inhabilidad sobreviniente para contratar con el Estado y en consecuencia debe ceder el contrato que tiene en el proyecto de renovación urbana de Naranjal, según informó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en rueda de prensa.
El corporado entregó detalles de la resolución G.G No 270 del 18 de junio de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, mediante la cual da cuenta de la actuación administrativa tendiente a verificar la existencia de inhabilidad sobreviniente.
En el numeral tercero de dicha resolución se planeta textualmente: “DECLARAR verificada la ocurrencia de hechos que, en virtud de la condena penal impuesta por el juez 51 penal del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento, en contra de la señora Paola Fernanda Solarte Enríquez, identificada con cédula de ciudadanía No 52.866.917 de Pasto, por la comisión de delitos en contra de la administración pública, la Sociedad CASS Construcciones S.A.S está incursa en inhabilidad sobreviniente en virtud de lo consagrado en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 literal j, al tener la mencionada señora la calidad de representante legal de la sociedad CASS CONSTRUCCIONES S.A.S, en el desarrollo del contrato de fiducia mercantil Pad 2 y 3; sometido la voluntad de la sociedad al momento de los hechos que dieron lugar a la investigación penal, la condena penal y los cuales tienen relación directa con la Sociedad Construcciones S.A.S, instrumentalizada por la procesada para atentar contra los intereses del Estado Colombiano”.
En el numeral cuarto se afirma: “Teniendo en cuanta la ocurrencia de dos hipótesis de inhabilidad sobreviniente, y de conformidad con el artículo 9 de la ley 80 de 1993, se concede a la sociedad Construcciones S.A.S un término de quince días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta resolución para que ceda su posición contractual a un tercero que deberá ser necesariamente aprobado por la EDU, vencido dicho plazo se entiende que la Sociedad mencionada y el señor Carlos Alberto Solarte Solarte renuncian a la ejecución del contrato, fecha en la cual se procederá a su liquidación en el estado en que se encuentre”.
NARANJAL TRAGEDIA INMOBILIARIA
El concejal Bernardo Alejandro se reafirmó al señalar que el plan parcial de Naranjal es una tragedia inmobiliaria, donde según la Secretaria de Hacienda, el municipio ha invertido 12 mil millones de pesos en la etapa de planeación del proyecto y las utilidades que tenía presupuestadas las ha tenido que entregar a Empresas Públicas de Medellín para la reconstrucción de las redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía.
Recordó que la ex directora de la Empresa de Desarrollo Urbano, Margarita Ángel Bernal, decidió acometer el proyecto con el socio privado CASS, para lo cual simuló una convocatoria pública el 21 de marzo de 2013.
Los términos de dicha convocatoria estaban resumidos en lo siguiente: El proponente debía aportar 30 mil millones de pesos, construir por su cuenta y riesgo, haber construido edificaciones en altura con un mínimo de 200 mil metros cuadrados, debería presentarse al menos un proponente o se declararía desierta.
El dos de abril de 2013 se realizó la reunión informativa a la que asistieron representantes de numerosas empresas y consorcios nacionales y extranjeros, incluido CASS. Nadie presentó oferta ante las condiciones propuestas.
Camacol, La Cámara Colombiana de la Construcción y la Lonja y Propiedad de Raíz dejaron constancias señalando que tales requisitos no estaban de acuerdo con el escenario local, sobre todo en lo relacionado con el aporte por 30 mil millones de pesos.
La EDU declaró desierta la Convocatoria y posteriormente firmó el convenio con la Empresa CASS, una empresa sin experiencia en la construcción de proyectos inmobiliarios y de renovación urbana. Su experiencia está asociada es la construcción de carreteras.
Bernardo Alejandro sostuvo que nadie prestó atención a sus advertencias sobre la calidad de socios de la EDU en el mencionado proyecto de renovación urbana, cuando intervino en el Concejo de Medellín hace más de 5 años.
“Ni al mandatario de turno, ni a la ex directora de la EDU les importaron las constancias de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción y la Lonja, ni mucho menos mis advertencias. Hoy, a través de la resolución de la EDU, el tiempo me concede la razón”, expresó Guerra hoyos.
Indicó además que espera de la EDU se dé a conocer el nombre de la empresa que está dispuesta a asumir el proyecto en las precarias condiciones en las que se encuentra, así como el nombre de los bancos que están dispuestos a conceder los préstamos.
El corporado también se refirió a los antecedentes de la condena penal impuesta por el Juez 51 penal de Bogotá en contra de Paola Fernanda Solarte Enríquez y señaló: El pasado 16 de noviembre de 2018, el fiscal 84 de la Dirección contra la Corrupción presentó detalles del preacuerdo firmado Paola Fernanda Solarte dentro del proceso que se le adelanta por el pago de sobornos de Odebrectht para resultar beneficiada con el contrato Tunjuelo- Canoas que busca descontaminar el río Bogotá.
Solarte continuará respondiendo penalmente por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General señaló en la imputación de cargos que se habrían presentado sobrecostos en el proyecto Tunjuelo- Canoas cercano a los 5 mil millones de pesos, de los cuales mil millones habrían sido entregados al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván Moreno.
El empresario Carlos Solarte también es procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. De acuerdo con el proceso, Carlos Solarte y su hija se habrían aprovechado de los anticipos girados por el Estado, para la ejecución del contrato 115 de 2009.
