- 3705 personas han sido identificadas en contextos de explotación sexual en las comunas 10 y 14.
- El Sistema de Atención al Habitante de Calle reporta la atención de 4.951 personas en situación de calle en las comunas 10 y 14.
- En Medellín, 101 personas son víctimas diarias de robos, incluyendo hurto de celulares, dinero, viviendas, negocios y vehículos.
Un llamado urgente a la acción para recuperar las denominadas Zonas rojas de Medellín hizo el concejal citante Andrés Rodríguez, expresando además su preocupación por el aumento de estos en el Distrito, donde se presenta prostitución, un incremento alarmante en el consumo de drogas, robos y proliferación de habitantes en situación de calle.
Enfatizó que estas problemáticas están desbordando los esfuerzos actuales, afectando la seguridad ciudadana y generando impactos negativos como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Se necesita del apoyo de la institucionalidad para intervenir de manera integral, afirmó.
También resaltó que, aunque estas problemáticas no se pueden erradicar completamente, es posible implementar soluciones más efectivas. El Corporado expresó que el 60% de las personas en situación de calle han perdido el control sobre sus comportamientos, lo que agrava la inseguridad y la vulnerabilidad de sectores clave de la ciudad como las comunas 10, 11 y 14, que concentran turismo, entretenimiento y desarrollo económico, y enfrentan retos asociados al microtráfico, robos, extorsiones, ruido excesivo y el mal manejo del espacio público.
Por ello, realizó un llamado a la institucionalidad para garantizar una presencia constante e interdisciplinaria que permita contener la expansión de estas zonas sin afectar a los residentes y visitantes para continuar consolidando a Medellín. A pesar de las intervenciones realizadas por la Alcaldía para reducir la criminalidad, el concejal Rodríguez, insistió en la necesidad de acciones más contundentes y estratégicas para garantizar la seguridad y frenar la expansión de las Zonas rojas. El desarrollo económico no puede estar desvinculado de una gestión responsable que aborde integralmente los flagelos que afectan a la ciudad, concluyó.
A su turno, el cabildante Brisvani Arenas, segunda bancada, destacó la complejidad de recuperar a las personas en situación de calle, ya que muchas enfrentan fuertes adicciones que requieren intervenciones profundas. Resaltó que la presencia institucional debe ser constante y no limitada a acciones momentáneas, para evitar que estas personas se reasienten en las mismas áreas, además, enfatizó la urgencia de abordar la influencia de estructuras de crimen organizado vinculadas al narcotráfico, la extorsión y la explotación sexual, las cuales representan amenazas graves para la seguridad y convivencia.
Bajo la misma línea, manifestó su preocupación por la naturalización de situaciones extremas, como ver a niños, niñas y adolescentes obligados a vender sus cuerpos, y señaló la necesidad urgente de fortalecer las campañas de sensibilización para cambiar esta realidad. En este contexto, hizo un llamado a la acción coordinada de la Secretaría de Seguridad y Convivencia para implementar una intervención integral y sostenida.
Mientras que el cabildante Farley Macías, tercera bancada, solicitó reevaluar con rigor crítico las políticas públicas dirigidas a atender las problemáticas de las denominadas Zonas rojas, estos territorios reflejan las caras más vulnerables de la sociedad y evidencian la insuficiencia de los diagnósticos y caracterizaciones poblacionales actuales. Criticó que las estrategias implementadas se enfoquen más en responder a situaciones inmediatas que en proponer soluciones estructurales, lo que ha resultado en un aumento de problemáticas como la explotación sexual, el desplazamiento de habitantes en situación de calle, el tráfico de sustancias psicoactivas, la mendicidad infantil y la inseguridad.
Destacó que estas estrategias han generado el desplazamiento hacia sectores aledaños como Boston, Guayabal, Laureles y el Centro, sin reducirlas de manera sostenible. Subrayó la necesidad de implementar programas preventivos y sostenibles que vayan más allá de operativos temporales, con metas medibles que permitan evaluar el impacto real de las políticas públicas. Asimismo, abogó por fortalecer la articulación interinstitucional, integrando seguridad, salud y desarrollo social para generar confianza en las comunidades y transformar las zonas vulnerables.
Otros Concejales participantes pidieron trabajar de manera conjunta entre todas las dependencias para abordar integralmente las problemáticas de las Zonas rojas. Señalaron la necesidad de actualizar la política pública de habitantes de calle, extender los horarios de atención más allá de las 6:00 p.m. y fortalecer la capacidad instalada, que actualmente resulta insuficiente.
Adicionalmente, expresaron su preocupación por la disminución de la cobertura del ICBF en Medellín, lo que deja en mayor riesgo a niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de vulnerabilidad como la explotación sexual y la mendicidad. Subrayaron la importancia de tomar acciones inmediatas para evitar que estas zonas de riesgo se amplíen y proteger a las nuevas generaciones de las amenazas que enfrentan en estos entornos.
El subsecretario operativo de Seguridad, Pablo Ruíz, destacó que los principales delitos que aquejan a Medellín son el atraco, homicidio, tráfico local de estupefacientes, extorsión, explotación de niños, niñas y adolescentes, trata de personas y violencia intrafamiliar; para enfrentarlos, se han implementado múltiples operativos en zonas críticas, con 19 acciones integrales en la comuna 14, específicamente en el sector del Parque Lleras y Provenza, incluyendo el Plan Avispa, Comando Situacional y Puestos de Control.
En el centro de la ciudad, se han llevado a cabo 13 intervenciones enfocadas en el desmonte de cambuches, recolección de basuras, prevención contra el hurto y control de movilidad. Afirmó que estos esfuerzos reflejan el compromiso de la Secretaría de Seguridad por recuperar y mejorar las condiciones de seguridad en los sectores más vulnerables del Distrito, agregó.
Para concluir, Sandra Sánchez, secretaria de Inclusión Social y Familia, detalló algunas de las intervenciones realizadas en las zonas afectadas con problemáticas como la explotación sexual y la situación de los habitantes de calle. Hasta septiembre de 2024, a través del Sistema de Atención al Habitante de Calle se han atendido a 4.951 personas en situación de calle en las comunas 10 y 14, de estas, 536 han participado en procesos de resocialización, 117 han superado su condición de calle, 113 han logrado comunicarse con sus familias, y 12 han sido reintegradas a su entorno familiar.
En cuanto a entornos protectores para niños, niñas y adolescentes también se han activado rutas de justicia, protección y salud para abordar la explotación económica y sexual, así como la permanencia en la calle, con el objetivo de proteger sus derechos y garantizar su bienestar, finalizó la funcionaria.