- Se destinaron $1.8 billones de pesos para las víctimas del conflicto armado en la ciudad en el Plan de Desarrollo.
- En el Valle de Aburrá se registra un total de 4,981 personas desaparecidas según la UBPD.
Tras un exhaustivo análisis de la justicia transicional en Medellín y la revisión de las estrategias implementadas por la Alcaldía Distrital bajo el convenio de acuerdo con la Gobernación de Antioquia y la Justicia Especial para la Paz, para el plan de intervención técnico forense en La Escombrera, los Concejales del Distrito afirmaron que existe una deuda pendiente con los familiares de las víctimas desaparecidas, quienes hoy buscan justicia restaurativa. Se destacó la urgente necesidad de proporcionar respuestas concretas sobre los cuerpos aún sin localizar.
Los Corporados celebraron la reanudación de la audiencia de seguimiento a la medida cautelar 010 del 2020 impuesta por la JEP sobre la zona de La Escombrera, la audiencia pública está programada para el próximo 25 de julio en el Museo Casa de la Memoria. El viernes 26 de julio se llevará a cabo un acto simbólico en presencia de magistrados, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), familiares de las víctimas y entidades gubernamentales, marcando así el inicio de las excavaciones en el sitio.
Señalaron que las confrontaciones pasadas entre milicias urbanas y grupos armados en Medellín son ampliamente conocidas, pero enfatizaron que no solo los habitantes de la Comuna 13 requieren verdad y reparación. Residentes de La Loma aseguran haber sufrido la violencia y desapariciones, y reclaman ser escuchados; afirman que el lugar, aunque asociado principalmente con la Comuna 13, también alberga cuerpos y víctimas de su comunidad, por lo que buscan ser incluidos en el proceso de contar su verdad.
Los Concejales añadieron que la búsqueda no debe limitarse a La Escombrera, sino que también debe extenderse al Cementerio universal. Según declaraciones en el proceso judicial contra Ferney, alias ‘Pesebre’, un testigo indicó que en las fosas comunes de los N.N. en el Cementerio se enterraban cuerpos de desaparecidos de la Comuna 13. Estas afirmaciones están documentadas en la Fiscalía dentro del proceso de Ley 600, por ello, se deberían aumentar los esfuerzos en este lugar para las labores de búsqueda.
Por su parte, Harvey Danilo Suárez Morales, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, señaló que están apostando por un programa integral restaurativo que incluye la articulación de políticas públicas. Este programa se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas, audiencias, decisiones judiciales de la JEP y el acompañamiento a las madres buscadoras. Además, se está llevando a cabo una acción integral contra minas, dado que históricamente Antioquia es el departamento más afectado por la contaminación con minas antipersonal, restos de explosivos de guerra y otros artefactos explosivos improvisados.
Mientras que Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos del Distrito, explicó que a través del Plan de Desarrollo se destinaron $1.8 billones de pesos para las víctimas del conflicto armado en la ciudad, lo que representa un aumento del 31% respecto a la administración anterior. Además, se asignaron $2.800 millones de pesos para la intervención en La Escombrera, con una proyección de alcanzar $3 mil millones al finalizar el año para el Plan de Búsqueda de personas desaparecidas, lo que refleja un compromiso significativo con los familiares y afectados.
En el Valle de Aburrá se registra un total de 4,981 personas desaparecidas, según informó Gloria María del Araque, coordinadora de la Unidad de Búsqueda dadas por Desaparecidas, de éstas, 3,027 corresponden al Distrito. Hoy, los familiares de las víctimas solicitan la creación de un sitio de memoria y dignificación que facilite la identificación de cuerpos encontrados en cementerios de Antioquia para garantizar la custodia de cuerpos identificados, pero no reclamados, así como de cuerpos aún no identificados, con el objetivo de aliviar el dolor de los familiares afectados.
