- Irregularidades en proyectos educativos, un llamado de atención urgente.
- La ineficiencia en la contratación, riesgo para el futuro de la educación en Medellín.
- La comunidad alzó la voz por sus instituciones educativas.
Existe una gran preocupación por el avance de las obras de adecuación de la infraestructura educativa, recursos que fueron aprobados por vigencias futuras desde el año 2022 y que tenían como promesa la entrega de 235 instituciones educativas en 2023. En lo corrido de 2024 se han entregado 112 instituciones, es decir casi un 70%, pero se requiere controlar la gestión de contratistas e interventores, precisó la concejal Janeth Hurtado Betancur, primera
bancada citante.
En efecto, la corporada precisó que la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- y la
Secretaría de Educación de Medellín se encuentran bajo un intenso escrutinio político
toda vez que se evidenció una serie de irregularidades que afectan directamente la
infraestructura educativa de la ciudad, particularmente en sectores como Altavista, San
Antonio de Prado, San Cristóbal y Villa Hermosa, por el incumplimiento de los contratistas
a quienes se adjudicaron obras.
Subrayó la falta de seguimiento y cronogramas adecuados en las obras, además de la ausencia de personal en los proyectos en ejecución. En la reciente comisión accidental 52 que se desarrolla en el Concejo, se evidenció que, de las 214 obras programadas para entregar en 2023, ninguna había sido entregada; además de las 171 instituciones educativas programadas para entregar en 2024, 112 fueron recibidas, 33 necesitan intervención adicional, 14 no fueron aceptadas y 75 continúan en obra.
De igual forma, precisó que actualmente hay 220 proyectos en proceso de contratación, bajo un nuevo manual de contratación que, sin embargo, ya presenta ocho contratos con incumplimientos que afectan a 78 sedes educativas. Asimismo, llamó a la atención sobre la empresa INGAP SAS, que, tras iniciar su obra, presuntamente subcontrató con CONCIVELSA SAS, que también ha mostrado fallas en su desempeño, por ello es crucial contar con contratistas e interventores con experiencia, capacidad económica y transparencia en su gestión.
Medellín enfrenta una encrucijada por la ineficacia de la EDU, sin los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos, provocando un aumento en los costos debido a la necesidad de subcontratar y con ello un posible detrimento patrimonial que desmejora la calidad de vida de las gentes, advirtió el cabildante Farley Macías, segunda bancada citante, además afirmó que este control busca justicia para los estudiantes que merecen una educación digna, para los docentes que carecen de recursos adecuados y para las familias que confían en las instituciones educativas.
Mientras que el corporado Santiago Perdomo, tercera bancada citante, precisó que la educación es primordial y la principal razón por la que los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de un futuro mejor en nuestro país; el año pasado se entregaron $197.000 millones de pesos a contratistas y no se pudo hacer control a las obras, y hoy luego de nueve meses cumplidos de la nueva Administración, se realizó un plan de contingencia para hacer contratos de transacción, o sea, renegociar para entregar obras a satisfacción.
Resaltó las entregas parciales en lo que va corrido del año por 875 obras, 474 espacios, 378 baños y 36 comedores, logros que fueron producto de la transparencia en la contratación, además de la diligencia y vigilancia de los contratistas por parte de la EDU y la dependencia de Educación. Destacó la inversión que ha tenido la Alcaldía entregando $6.7 billones para la Secretaría de Educación, $1.2 billones para Infraestructura y el programa Escuelas Inteligentes no solamente para obras civiles sino para equipamiento y conectividad para entregar a los niños de Medellín los mejores colegios públicos del país.
A su vez, Luz Ángela González, gerente de la EDU, precisó que, aunque se recibieron 171 obras pendientes por desarrollar y 20 contratos de obra por valor de $133.175.434.673, fue preciso establecer negociaciones con los contratista pues las obras no fueron ejecutadas y no llegaron a feliz término; esto llevo a realizar declaratoria de siniestro por presunto incumplimiento y se adelantan acciones legales para que los constructores y los interventores sean excluidos de la base de contratación del Distrito.
Mientras que, Anderson García, subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación indicó que se encontraron hallazgos para las obras en ejecución contratadas en 2023 y se han evidenciado problemas estructurales como baja calidad en la ejecución de obras, materiales inadecuados, demoras, falta de cumplimiento en los plazos contractuales sin soporte jurídico para acciones hacia los contratistas y deficiente ejercicio de la interventoría.
Finalmente, la comunidad hizo un llamado a los Concejales para que, en el próximo debate de control político, se identifiquen a los responsables del deterioro de las instalaciones educativas y se tomen acciones para asegurar que las obras se realicen a tiempo y con la calidad prometida porque la voz de Medellín exige no sólo transparencia y responsabilidad, sino también un compromiso renovado con el futuro de su educación.
