Boletín 259
Afirmó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, en sesión plenaria
En cabeza del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, del Partido Liberal, se llevó a cabo la sesión plenaria dedicada a analizar las irregularidades cometidas por Invernorte en Medellín. Más de 83 proyectos inmobiliarios vendidos en el departamento de Antioquia por tal constructora, dan cuenta de la mayor estafa inmobiliaria presentada en la historia del país, aseveró el Corporado.
Asimismo, aseguró que con tres nuevos nombres, Constructora del Norte, Inmobiliaria Europa Constructores y W Group, el representante de las firmas constructoras, Jorge Wilson Patiño Toro, ha ocasionado una estafa de más de medio billón de pesos, afectando a un sin número de familias y comerciantes, que a la fecha no tienen respuestas concretas que aporten a la solución de esta grave situación.
Guerra Hoyos, señaló que el propósito del debate es que las autoridades competentes den prioridad a este tema y acaben con esta nueva estructura criminal, que continúa fortaleciendo la corrupción y la delincuencia desde todas las esferas, dejando a los ciudadanos completamente desprotegidos por el Estado e incluso acusados por injuria y calumnia por los mismos estafadores.
Son 36 proyectos falsos comercializados en la capital antioqueña, 20 en el municipio de Bello y el resto distribuidos por toda el Área Metropolitana, concluyó.
Acto seguido, el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, del Partido de la U, segunda bancada citante, manifestó que, sin duda, frente a este asunto hay muchos vacíos jurídicos. A la fecha hay un diagnóstico, se conocen las causas del problema, los estafadores y sus víctimas, sin embargo, ningún ente regulador es responsable directo de aplicar la solución respectiva, advirtió.
Por lo anteriormente expuesto, Echeverri Jiménez, dijo que mientras sigan denuncias e investigaciones sin una gestión efectiva los resultados serán los mismos. Cuestionó los controles que se ejercen sobre la construcción y venta de vivienda, indicando que el camino para avanzar es crear una mesa de trabajo articulada que permita acelerar, aprobar y reglamentar los procesos legales relacionados.
En este mismo sentido, los Corporados que tomaron la palabra insistieron en la importancia de evaluar las competencias de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, advirtiendo que la ausencia de la figura de Inspectores de Control Urbanístico, ha obstaculizado la entrega de respuestas concretas y oportunas de cara a un asunto de esta envergadura.
El secretario de Gestión y Control Territorial, José Nicolás Duque Ossa, afirmó que en Medellín se identificaron los proyectos liderados por las constructoras en mención, que presentan diferentes incumplimientos normativos, entre los que sobresalen, la constitución de sociedades irregulares, aprobación de licencias urbanísticas, ausencia de fiducia y desistimiento.
De igual forma, Duque Ossa, después de exponer la ficha técnica de cada proyecto, afirmó que la Subsecretaría de Control Urbanístico ha realizado visitas a dichos predios, con el fin de validar su estado actual y recolectar la información correspondiente para determinar las acciones a seguir de acuerdo con cada caso, para así garantizar el cumplimiento de los pactos realizados entre los constructores y compradores afectados.
Por su parte, los representantes de Rentas Departamentales, la Oficina de Instrumentos Públicos Nacional y la Unión Colegiada del Notariado de Colombia, coincidieron en que es vital aunar esfuerzos desde los diferentes estamentos públicos para continuar con la fiscalización de esta situación, que permita controlar y disminuir el fraude en todo lo que tienen que ver con trámites inmobiliarios y garantizar su autenticidad en procedencia.
Por último, algunas de las víctimas que intervinieron durante el debate, denunciaron que actualmente las mencionadas constructoras siguen comercializando proyectos residenciales y comerciales; advirtieron que pese a las múltiples denuncias no se han tomado acciones jurídicas que castiguen las irregularidades y reparen los daños y perjuicios ocasionados.
En la plenaria también participaron la Fiscalía General de la Nación, la Personería Municipal y la Contraloría General de Medellín.
