- La agencia APP tiene cinco hallazgos de la Contraloría, cuatro de ellos administrativos y uno con incidencia disciplinaria.
- Una cárcel para 1300 sindicados no soluciona el problema de hacinamiento, actualmente hay más de 3000 personas sindicadas.
Durante los últimos cuatro años, la Agencia Público-Privada (APP) de Medellín desvió su enfoque original de promover y articular proyectos que dejen rédito a Medellín. En su lugar, limitó sus funciones a acciones de menor envergadura, como la implementación de muros verdes, la instalación de iluminación pública y la aplicación de tarifas por el uso de mesas en establecimientos públicos, expresaron los concejales tras revisar en sesión plenaria el informe de ejecución de la entidad.
Entre los proyectos actuales en curso con la Agencia Público-Privada se encuentra la construcción de la Cárcel Metropolitana para sindicados, con una capacidad para 1300 personas. Sin embargo, según los concejales, este proyecto no aborda adecuadamente el problema, ya que actualmente en todos los municipios del área metropolitana hay más de tres mil sindicados. Además, señalan que invertir 675 mil millones de pesos en esta cárcel resultaría sumamente costoso, ya que se comprometen vigencias futuras a 12 años y se contempla una indexación de 1.2 millones de pesos a 15 años que demora su construcción, esto sin tener en cuenta los costos de alimentación, administrativos y el cuerpo de custodia.
Seguidamente, los cabildantes denunciaron que se violaron todas las normativas en la ejecución del proyecto. Ejemplo de esto es que solicitaron al Concejo la aprobación de vigencias futuras, vinculando estos fondos a dos rubros. El 85% de estos recursos, destinados a ser pagados en 15 años, provendrían de las transferencias de EPM, que, según un acuerdo municipal, estaban exclusivamente designadas para inversión social. El 15% restante sería financiado con el recurso del Foncet, relacionado con planes de seguridad y convivencia. Estos fondos no podían comprometerse por 15 años y debían pasar por el Comité de Seguridad y Orden Público, lo cual nunca sucedió. Además, para llevar a cabo este proyecto, se contrató a una empresa mexicana conocida por su historial de incumplimientos.
Pese a estas irregularidades, en octubre de 2023 se inició la licitación pública y se suscribió un contrato con la Agencia Público-Privada (APP) para la construcción de la Cárcel Metropolitana de Sindicados. El 19 de diciembre, ocho días antes de terminar el gobierno, la Administración anterior modificó las cláusulas del contrato previamente acordadas y firmó un «otro sí» en el que se eliminaba el requisito de contar con la interventoría para la firma del acta de inicio, a pesar de ser un requisito legal.
Otro de los proyectos en curso con la APP que está en revisión es la modernización de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Manifiestan los concejales que dejaron deteriorar los escenarios deportivos para cobrar 14 mil millones de pesos por tumbarlos y justificar la reestructuración de este espacio, sin considerar las afectaciones a usuarios y comerciantes del lugar.
A su turno Germán Schäfer director de la Agencia Público-Privada informó que al asumir su cargo encontró cinco hallazgos de la Contraloría, cuatro de ellos de naturaleza administrativa y uno disciplinario, todos relacionados con contratación. Dos de los contratos bajo investigación fueron celebrados con la empresa Global Mining Solution SAS por un valor total de 490 millones de pesos. De estos contratos, uno está relacionado con un software que aún no está listo para su funcionamiento a pesar de que se le han realizado múltiples adiciones al contrato. Su implementación requeriría una inversión adicional para ser puesto en marcha.
En cuanto al contrato para la construcción de la Cárcel, explicó que se está llevando a cabo un segundo «otro sí» con el objetivo de anular el contrato modificado y buscar un acuerdo mutuo con el concesionario para suspender el contrato hasta que se cuente con la interventoría requerida.
La comunidad del corregimiento de San Cristóbal expresó su preocupación ante la propuesta de construcción de una nueva cárcel para sindicados en la zona. Argumentaron que el corregimiento ya alberga la cárcel de Pedregal y La Pola, y no podría soportar otra instalación similar. Además, señalaron que el proyecto carece de fundamentos técnicos adecuados y tendría un impacto negativo en los humedales, quebradas y acequias locales. Destacaron también la inestabilidad geológica del área y temen que la presencia de la cárcel contribuya a un aumento de la inseguridad en la zona.
También hubo presencia de comerciantes del estadio quienes se mostraron inquietos por los efectos de la modernización en la unidad deportiva, señalando que aproximadamente 894 vendedores, tanto dentro como fuera de ese espacio, podrían resultar afectados. Afirmaron que nunca se llevó a cabo una socialización adecuada del proyecto. Esta postura también fue respaldada por deportistas que utilizan el Parque del Ajedrez, quienes añadieron que cualquier desplazamiento tendría un impacto significativo en los jóvenes y niños que se están formando en este deporte.
