Boletín 124
El inspector urbanístico, José Arley Cuesta Perea, es socio del proyecto Torres del Este tal como aparece registrado en un contrato de cuentas de participación suscrito el 19 de mayo del año 2011 y es corresponsable de la afectación a 260 familias desplazadas que hoy tienen truncado el sueño de una vivienda digna.
Así se desprende de la información que presentó el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en desarrollo del debate a la estafa inmobiliaria realizado en el recinto del Concejo de Medellín.
En su condición de socio, es responsable de la parálisis de dicho proyecto desde junio del año 2016, según la información suministrada desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial.
En el Contrato de Cuentas de Participación dice: “ En la ciudad de Medellín a los 19 días del mes de mayo de 2011 entre los suscritos TEOFILO PALACIOS MENA, JOSE ARLEY CUESTA PEREA, EDWARD ADRIAN GALLEGO CUADROS, GILDARDO DE JESUS URIBE e INSEREL representada legalmente por MAURICIO DE JESUS ZAPATA ALZATE, mayores y vecinos de Medellín, identificados como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, de profesión comerciantes, acordamos mediante el presente documento, celebrar un contrato de cuentas de participación, sometido a las siguientes cláusulas: PRIMERA: actualmente los consorciantes propietarios del inmueble identificado con la nomenclatura urbana de Medellín, lote con construcción distinguido con el número 25-116 de la calle 52, debidamente registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte, matrícula inmobiliaria No 310950, El Proyecto: Se entenderá por tal, TORRES DEL ESTE, el cual se desarrollará en tres etapas”.
En la Cláusula OCTAVA dice: “Se designará como gestor de este negocio a los señores Teofilo Palacios Mena por Funcodent y Mauricio de Jesús Zapata Alzate por Inserel Ltda, personas que frente a terceros serán consideradas como las únicas dueñas del proyecto, pero se deja en claro que el presente contrato produce iguales obligaciones y derechos entre las partes, en la forma como se confieren derechos e imponen obligaciones a los socios de una sociedad en comandita Simple”.
De acuerdo con Gestión y Control Territorial, Torres del Este es un proyecto urbanístico localizado en el barrio Caicedo mediante el cual se pretendía favorecer a 260 familias desplazadas.
El proyecto aparece inscrito en el Isvimed y allí figura como representante Teofilo Palacios Mena, a su vez, representante legal de la Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias (FUNCODENT).
De acuerdo con la información que reposa allí, al proyecto Torres del Este le han desembolsado recursos de la siguiente manera: Fonvivienda $ 153.000.000, Isvimed $2.023.000.000 y Viva $ 1.516.000.000.
El representante de Inserel ha dicho en medios de comunicación que gestionó recursos para el proyecto Torres del Este a través de los bancos por cerca de $ 1.800.000 millones de pesos, los cuales prácticamente son irrecuperables, pues el señor Teofilo Palacios Mena no da cuenta de ellos, así como tampoco ha atendido los llamados del Isvimed para que presente los estados financieros del proyecto.
El señor Teófilo Palacios Mena, está denunciado en Fiscalía por el delito de constreñimiento por parte del representante legal de INSEREL, Mauricio Zapata Alzate (Dueño de un 80 % del lote) y el Isvimed lo tiene demandado por falsedad en documento público.
Una vez conocida toda esta información el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos señala que de acuerdo con la información suministrada por Gestión y Control Territorial, José Arley Cuesta Perea en su condición de inspector de Robledo no procedió diligentemente con la demolición del sexto piso del bloque 36 de la Urbanización Altamira, que ilegalmente construyó la señora Leidy Yaneth Roldán Coronado, vinculada con la Cooperativa John F Kennedy.
Además llama la atención las afirmaciones de los vecinos del barrios Luis López de Mesa, afectados por la construcción de dos torres por parte de la Constructora Toscana, al señalar en carta dirigida al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: “No entendemos que ocurre dentro de la administración municipal, cuando usted solicitó desde diciembre del año 2015 un completo informe de la situación al inspector segundo de Robledo, señor José Arley Cuesta Perea, sin que hasta el momento se conozca oficialmente los resultados del mismo.
Además, es motivo de gran preocupación para nosotros, tal y como lo expresamos en reunión de la comisión accidental, que el señor inspector se haya hecho presente en nuestro barrio, adelantando una visita a nuestras viviendas acompañado precisamente de empleados de la constructora Toscana”.
Finalmente el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos formula el interrogante: “¿Hasta cuándo la actual administración tolerará entre su nómina de empleados a una persona como José Arley Cuesta Perea, que aparentemente se encuentra involucrado en serias irregularidades dentro del fenómeno de la estafa inmobiliaria en la ciudad”?.
Redactó: Alberto Escobar, unidad de apoyo concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
