Boletín 053
La situación de derechos humanos en la ciudad requiere medidas de fondo, campañas y planes efectivos de promoción y prevención por parte de la Administración Municipal, y articulación interinstitucional para garantizar la calidad de vida de todas las personas desde niños en edad cero hasta los adultos mayores que habitan la capital antioqueña, coincidieron en afirmar los Concejales de Medellín en la plenaria realizada hoy.
La concejal Aura Marleny Arcila Giraldo se mostró inquieta con las cifras entregadas por la Personería Municipal en temas de derechos humanos, resaltó que es injustificable que en la ciudad, según los datos presentados, de 584 mil niños y niñas, el 10 por ciento esté en riesgo de sufrir algún tipo de violencia o vulneración proveniente principalmente de su entorno familiar cercano.
Solicitó a las secretarias de Educación e Inclusión Social promover el respeto y la protección de los menores, asimismo, destinar recursos del superávit para cubrir programas focalizados el abandono de adultos mayores; y desde la Personería, garantizar la protección a moradores para que no se presente desarraigo.
Al respecto, la concejal Luz María Múnera Medina, invitó a la Personería a realizar urgente una relectura de la Declaración de Derechos Humanos ya que en su concepto el informe presentado se queda corto en entender los compromisos asumidos en esta materia.
Igualmente, llamó la atención sobre el aumento al presupuesto en seguridad y el poco impacto en la disminución de las cifras en criminalidad, la lamentable situación de las cárceles y la poca destinación de recursos para justicia. Puntualizó su intervención afirmando que el informe solo de seguridad y deja por fuera los temas de dignidad humana.
Corporados que tomaron la palabra en plenaria, felicitaron a la Personería Municipal por hacer mayor presencia en los territorios; también, manifestaron su preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes relacionadas con el aumento de los homicidios en menores de 0 a 5 años, el embarazo adolescente, la violencia sexual y otras agresiones que reciben los más pequeños. Asimismo, resaltaron la tarea realizada por el ente de vigilancia para preservar y proteger los derechos humanos y demás seres sintientes habitantes del territorio, como los animales; el acompañamiento a la Corporación y el seguimiento realizado a los restaurantes escolares.
Reclamaron mayor visibilidad en materia de derechos humanos y caracterización de la población indígena y afrodescendiente, mejorar la efectividad a las denuncias presentadas por la ciudadanía y la recuperación del Cementerio Universal como un icono cultural que brinde servicios dignos y sea un promotor de respeto por la dignidad humana.
Pidieron también, conocer el plan de choque en materia de trabajo infantil, destinar recursos a programas de atención y prevención como Entornos Protectores, articular las denuncias realizadas en la Personería con las investigaciones penales incluidas en el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia – SISC, para brindar atención oportuna y penal a los hechos que vulneran los derechos de los menores; e invitaron a la Fiscalía General de la Nación a ser oportunos en la respuesta a las denuncias presentadas por la comunidad.
El informe presentado por el personero de Medellín, Guillermo Duran Uribe, inició reconociendo que los casos de violencia hacia las mujeres siguen siendo notorios y preocupantes. De acuerdo a las cifras presentadas a 31 de diciembre de 2017 se presentaron 61 homicidios; 5.704 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, siendo las Comuna 3 Manrique, Comuna 8 Villa hermosa y Comuna 6 Doce de Octubre, las que presentan en su orden el mayor número de denuncias. Además, con relación a las nuevas conflictividades, de 100 hombres que presentaron denuncias, 36 fueron maltratados por exnovias, excompañeras y exesposas.
En total se presentaron 577 homicidios en 2017, 33 más que en el 2016; además, en el año anterior, 12.914 personas fueron desplazadas forzosamente; se hicieron 280 declaraciones por extorsión; y de 264 casos reportados a 30 de noviembre de 2017 por desapariciones, 161 aparecieron vivos, 18 muertos y 85 continúan aún desaparecidos, aseguró Duran Uribe.
Con relación a la población de niños, niñas y adolescentes, se reportaron 2808 casos de violencia intrafamiliar y 1729 denuncias por abuso sexual en el año 2017, con un aumento del 15.3 por ciento con relación a 2016. En el entorno familiar se presenta como el principal factor de riesgo, además del uso de los más pequeños por parte de las estructuras criminales.
Las principales conclusiones arrojan que el fenómeno de los homicidios, los desplazamientos forzados, extorsiones, amenazas y desapariciones, son consecuencia principalmente de la disputa de bandas delincuenciales en el territorio.
El secretario de Inclusión Social y Familia, Luis Bernardo Vélez, valoro el informe como una oportunidad de revisar y articular los esfuerzos en materia de derechos humanos.
