Boletín 406
13 de noviembre de 2019
En el día de hoy, corporados hicieron análisis a infracciones urbanísticas en Medellín y manifestaron que se debe realizar más controles y vigilancia en esta actividad.
El concejal Héctor Francisco Preciado, citante del debate, manifestó su preocupación por los planes parciales, porque se evidencian algunas irregularidades en infracciones urbanísticas en la ciudad; indicó, que se han cometido errores, porque no solo se la ha entregado el control urbanístico a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, sino también se le adjudican procesos de convivencia.
Asimismo, manifestó que hay ineficiencia en el seguimiento de los procesos de edificación sin normas jurídicas de construcción que perjudican al ciudadano, de esta manera se está obviando y vulnerando el debido proceso de vigilancia y control, además, se desvirtúan los objetivos de inspección, lo que significa que la ilegalidad está invadiendo la ciudad en materia de obra sin el cumplimento de requisitos en edificación.
Igualmente, expresó que el informe presentado por la Administración no coincide con la realidad del territorio y ratificó que se requiere de toda la acción para resolver el tema de control y vigilancia en cabeza de las secretarías competentes, ya que no se está respetando el Plan de Ordenamiento Territorial.
Por su parte, la corporada Luz María Múnera Medina, segunda bancada citante, indicó que el tema urbanístico es un ciclo, donde se solicita otorgamiento de licencias urbanísticas, se habla de mayor seguimiento, mayor burocracia y termina en corrupción, agregó.
Señaló que, Medellín no cuenta con una oferta institucional de vivienda que dignifique la calidad de vida de los ciudadanos y solicitó a la administración simplicidad en los trámites para que la población pueda construir vivienda digna, además, propuso mayor gestión para solucionar los problemas de las OPV esto generaría un alivio para la gestión y mitiga las dificultades sociales.
Por otro lado, el cabildante Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, tercera bancada citante, expresó que se están adjudicando permisos urbanísticos sin ningún control a constructores que no respetan la norma. También, hizo un llamado de atención sobre el proyecto urbanístico Belize de la Constructora Colpatria, el cual obtuvo permiso por parte de la Curaduría Segunda para desviar el cauce de la quebrada la Presidenta, no solo incumpliendo la norma, sino también generando problemas ambientales.
Manifestó que, se volvió costumbre cada tres meses anunciar la evacuación de un edificio por fallas estructurales, evidenciándose las inconsistencias en la construcción; asimismo, hizo llamó la atención del Gobierno Local para realizar más vigilancia en la ladera del Cinturón Verde, ya que están parqueando vehículos obstaculizando las vías y además se sigue realizando construcciones en esas zonas.
Concejales que participaron de la sesión expresaron que la ciudad tiende a la ilegalidad en temas urbanísticos y que no se respetan las reglas para el continuo desarrollo de esta actividad, que, aunque el control político ha sido constante en el cuatrienio, hace falta seguir trabajando con severidad para superar las dificultades que viene presentando la capital en esta materia y es un reto para la siguiente Administración mejorar la articulación entre las secretarías competentes y autoridades, además revisar el tema de inspectores.
La subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, Lina Calle Zuleta, en su presentación, habló de cómo se preparan para el cumplimiento del código de policía a través de cuatro plazas de inspectores de policía, con el objetivo de apoyar la implementación y cumplimiento de la Ley 1801 de 2016, también obtuvieron un centro de resolución de comparendos que atiende de manera inmediata los comparendos de policía, facturación, cobro Coactivo, entre otros procesos.
Para concluir, aclaró que no toda la infracción urbanística implica demolición, en algunos casos solo requiere desmonte de la estructura y no todos los informes son infracciones urbanísticas.
De igual forma, el secretario encargado de Gestión Territorial, Gustavo Adolfo Castaño Galvis, indicó que están haciendo los respectivos controles por medio de tres ejes temáticos: prevención y gestión del conocimiento, control y vigilancia y gestión institucional. Añadió que cada eje está compuesto por estrategias y el enfoque principal es sensibilizar a estudiantes y ciudadanos, a través de espacios recreativos para que conozcan la forma de construir de manera correcta y generar mayor impacto en el acompañamiento desde la institucionalidad que permita la construcción de confianza y legitimidad en el territorio.
Al respecto el personero de la ciudad, Guillermo Durán Uribe Uribe, expresó a los corporados que hasta la fecha la Personería de Medellín no ha proferido sanción contra Inspectores de Policía quienes tiene la función de vigilar lo correspondiente a las infracciones urbanísticas de la Medellín, ya que la competencia para procesos disciplinarios está en cabeza de la oficina de Control Interno Disciplinario del Municipio, por ser ellos los jueces naturales del proceso, según el artículo segundo de la Ley 734 de 2002.
Sin embargo, en el último año el área de Vigilancia Administrativa de la Entidad, vigiló 56 procesos por presuntas infracciones urbanísticas, de los cuales 19 informes contienen hallazgos disciplinarios, 4 informes con recomendaciones y 33 informes sin ningún tipo de hallazgos.
Representante de la Contraloría de Medellín, Juan Fernando Castrillón, manifestó que desde al año 2016 hasta el presente, se han realizado diferentes auditorías a proyectos urbanísticos, encontrando hallazgos administrativos, a los cuales se ha aplicado la sanción disciplinaria correspondiente.
Para finalizar, representantes de la comunidad, denunciaron que varios lotes tienen matrículas falsas y no cuentan con la legitima posesión, además dijeron que el proyecto Belize está alterando la quebrada La Presidenta que puede provocar una tragedia a futuro. También, solicitaron a la Administración se apliquen los protocolos ambientales urbanísticos -PAU, que aseguren adecuada concertación comunitaria de las actividades mixtas que se desarrollen sobre la ciudad.
