- Consecuencias jurídicas tendrá que asumir el Distrito por el no pago oportuno de los servicios públicos en la administración anterior.
- Gran parte de los asentamientos ilegales en la ciudad son liderados por grupos al margen de la ley que se aprovechan de las necesidades de las personas menos favorecidas, así lo indicaron los Concejales del Distrito.
- Concejales y Secretaría invitada respaldaron la solicitud de acompañamiento de las 700 víctimas de estafa inmobiliaria de Invernorte.
La Secretaría de Gestión y Control Territorial es una dependencia del nivel central cuya función está enfocada en ejercer la gestión y el control territorial; identifica física, jurídica y económicamente los bienes inmuebles públicos y privados; garantiza la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios; y ejerce el control urbanístico, mediante el seguimiento y monitoreo al modelo de ocupación del territorio definido en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Sobre esta dependencia y los retos que afronta en materia de catastro, control urbanístico y servicios públicos, los Corporados ofrecieron su apoyo para sacar adelante estos importantes temas de ciudad y, de manera conjunta, manifestaron la preocupación por el déficit inmobiliario que tiene el Distrito, el cual es consecuencia de la inexistencia de planes parciales para una renovación urbanística adecuada.
A su vez, expusieron su preocupación por el incremento de asentamientos ilegales liderados por grupos criminales, que, a través de la venta de forma fraudulenta de lotes privados a personas necesitadas con altos intereses, encontraron una nueva renta criminal, en la cual, además se les obliga a comprar los insumos para la construcción en depósitos ilegales de su pertenencia, mencionando casos puntuales como el de Moravia.
Pidieron revisar los programas de compensación urbanística, los cuales deben desarrollarse en las zonas de afectación de las obras; de igual manera, se hizo un llamado para respaldar y fortalecer los acueductos veredales, que están al tope de su capacidad y presentan un servicio esencial para Medellín.
Frente a las inconsistencias en la contratación de la empresa TX SAS, que apoyó los procesos de actualización catastral en la vigencia anterior y las cuales tienen padeciendo altos costos de valorización a ciudadanos de Medellín, especialmente en los corregimientos, el Concejo solicitó la articulación y el fortalecimiento de los procesos internos para centralizar la información y apoyarse en la Inteligencia Artificial y realizar este tipo de contrataciones bajo procesos licitatorios.
Frente al tema de servicios públicos, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, hizo énfasis en la necesidad de recuperar la confianza con EPM, ya que la administración anterior no pagó las facturas oportunamente dejando a la entidad con un reporte negativo ante las centrales de riesgo, una deuda de $120 mil millones de pesos y un saldo por intereses de $28 mil millones.
En su intervención, el secretario Juan Manuel mencionó las consecuencias jurídicas que conlleva estar reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, entre las cuales mencionó gran el riesgo reputacional y las consecuencias de no ejecutar los dineros de manera adecuada, pues se puede generar menor asignación en el CONPES para el Distrito en la vigencia fiscal siguiente.
En cuanto a iluminación, informó que viene trabajando en solucionar las fallas de las luminarias led instaladas en la alcaldía anterior, las cuales vienen siendo reemplazadas por el proveedor como garantía, sin representar un costo adicional para el Distrito. A la fecha EPM ha cambiado 32.459 luminarias y se tiene en ejecución el Plan de normalización cuya meta es reemplazar todas las restantes (24.233) a julio de 2024.
Respecto al control urbanístico, resaltó que existen puntos críticos como Paraíso 1 y 2, Santa Margarita, Vallejuelos, Villatina, Santa Elena, entre otros, que representan asentamientos irregulares que ponen en peligro la vida de las personas más vulnerables ya que existen riesgos de deslizamiento e incendios. Al respecto, manifestó su disposición para atender los casos de los territorios rurales, asumiendo los costos de avalúo para las familias más vulnerables, pues existen en algunas zonas el incremento en sus predios fue de un 1500%.
Voceros de las 700 familias afectadas por la estafa inmobiliaria de Invernorte solicitaron respaldo del Concejo de Medellín y la Secretaría de Gestión y Control Territorial para agilizar el proceso liquidatario a través del cual serán reparados, pues afirmaron que en la administración anterior el proceso no avanzó y fue entorpecido.
