Boletín 377
30 de octubre de 2019
Así lo expreso el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, del Partido Liberal, citante del debate de hoy, el cual tenía como propósito de hacerle seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Durante su intervención, el corporado Guerra Hoyos, afirmó que, de acuerdo con el sindicato de profesionales de Empresas Públicas de Medellín, EPM, lo más sensato es apostarle a la recuperación total del proyecto con la seguridad de las comunidades que están aguas abajo y aguas arriba del mismo, quienes cada vez más recuperan la confianza en este debido a las inversiones que ha hecho EPM en el sector, las cuales suman cerca de 105.144 millones de pesos, después de la contingencia del 28 de abril de 2018.
Asimismo, señaló que conociendo el informe presentado por los técnicos de EPM, el mensaje más importante para los habitantes de Medellín y el departamento de Antioquia es que este proyecto, el cual tiene una inversión superior a los 15 billones de pesos, puede tener la seguridad de su salvamento desde el punto de vista técnico con la estabilización del macizo y la recuperación de casa de máquinas y túneles.
El Corporado reconoció la importancia de que la Contraloría General de la República asumiera el control de este proyecto, con el fin de garantizar la mayor rigurosidad y transparencia en este proceso.
De igual manera, manifestó que, si este proyecto logra salvarse y según la proyección de excedentes financieros de EPM a ser transferidos al Municipio en el período 2019-2028, la ciudad recibirá en los próximos diez años como mínimo cerca de 16 billones de pesos, de los cuales el próximo Alcalde tendrá 7 billones de pesos para su destinación, cuestionando sí Daniel Quintero continuará con el discurso de disminuir las transferencias de EPM o permitirá seguir con el tope máximo que indica la ley, argumentando que sin este dinero es imposible lograr equidad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la capital antioqueña y todo el departamento.
Por último, preguntó a EPM cómo va el tema de las desinversiones, recuperación de los seguros, y cuál es el monto de recuperación y cómo se espera hacerlo; además, solicitó conocer el tiempo y las inversiones que se requieren hacer para la terminación del proyecto acorde con las condiciones aprobadas en el plan de negocios.
Por su parte, la concejal Luz María Múnera Medina, del Polo Democrático Alternativo, segunda bancada citante, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales- ANLA, que revise el cumplimiento de la resolución 000820 de 2018, puesto que en su principio de precaución no es claro los parámetros de transitoriedad o permanencia, proporcionalidad y no discriminación.
Agregó que, la gestión social que ha realizado EPM con las comunidades de la zona, tanto de aguas arriba como de aguas abajo, no ha sido suficiente y que no basta con contratar a las juntas de acción comunal para reparar el daño causado.
Al respecto, la concejal María Paulina Aguinaga Lezcano, del Partido Centro Democrático, tercera bancada citante, aseveró que todos quieren que Hidroituango se salve, pero los sobrecostos del proyecto no los pueden asumir los usuarios vía tarifa de servicios públicos.
Añadió que, este proyecto debe ser viable tanto en lo técnico como en lo social, ambiental y financiero; por lo que cuestionó a EPM sobre las acciones que ha tomado frente a los incumplimientos de contratistas como el de la Vía Puerto Valdivia Presa, así como qué acciones ha tomado la empresa frente a Integral, teniendo en cuenta los resultados del informe Causa- Raíz.
A su turno, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño De La Cuesta, manifestó que el proyecto se encuentra en una etapa de inspección y evaluación, que dar cifras y tiempo reales es apresurado e irresponsable por parte de la empresa.
Con respecto al tema de los seguros aseveró que a finales de este año esperan recibir una suma importante por el pago de una de las pólizas.
En la sesión plenaria, también participó el Procurador Regional de Antioquia, Luis Fernando Bustamante Arismendi, quien expresó que, el ministerio público que representa, además de garantizar los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto, también trabajan por la protección de EPM, por lo cual invitó a la entidad a revisar la defensa que realizan sus empleados en las audiencias, en donde indudablemente se requiere personal idóneo y preparado para estos procesos.
