Boletín 330
En la sesión plenaria del Concejo de Medellín donde aún se socializa el proyecto 150 sobre enajenación de activos de EPM, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos solicitó públicamente la renuncia de la secretaria general de dicha empresa, Maritza Álzate.
Para el concejal, esta funcionaria se ha equivocado de manera flagrante, al asesorar la judicialización del control político e impulsar una demanda penal contra una concejala de Medellín en pleno debate del acuerdo 150. Además de ser la principal promotora de la implementación del polígrafo entre funcionarios de EPM, dizque con el propósito de establecer quien filtró información a los concejales de Medellín, a quienes internamente se consideran integrantes de la competencia.
Además, es quien ha sostenido, sin mayor sustento jurídico, que EPM puede proceder a la venta de activos de la cual es poseedora en el exterior, sin el trámite requerido ante el Concejo de Medellín.
Para el corporado la verdadera competencia tiene asiento en la junta directiva de EPM, donde algunos de sus integrantes tienen nexos con empresas como Celsia, una comercializadora de energía.
“La judicialización del control político es lo peor que le puede pasar a estas corporaciones y creo que demandar penalmente a una concejala es un error tan grave como el de la aplicación del polígrafo”, expresó Guerra Hoyos.
Consideró que la denuncia penal es una manera de acallar las voces que piden información amplia y oportuna para poder tomar decisiones y es una manera poco ortodoxa de atentar contra la libertad de expresión.
Redactó: Alberto Escobar, unidad de apoyo concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
