Boletín 126
12 de abril de 2019
En cabeza de la concejal Aura Marleny Arcila Giraldo, continúa el estudio del Proyecto de Acuerdo 169 de 2018, “por el cual se crea la Política Pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas para Medellín”. Esta vez la reunión estuvo dirigida a los habitantes de la zona 3 Centroriental.
La Corporada manifestó que, a partir de lecciones aprendidas por causa de desarrollos físicos realizados en la ciudad y el clamor de la comunidad afectada, se dio paso a la construcción de dicha propuesta que busca restablecer sus derechos e implementar un protocolo único de actuación frente a las obras sociales que transforman o impactan su barrio.
Agregó que la socialización en territorios propone realizar una construcción colectiva en la que intervengan todos los actores sociales, recoger las observaciones y solicitudes que permitan reformar el documento inicial, para posteriormente presentarlo y discutirlo ante el Cabildo Municipal.
Acto seguido, la concejal Luz María Múnera Medina, indicó que la Política Pública debe examinar tres puntos fundamentales: el protocolo como herramienta para que la ciudadanía haga valer sus derechos, el reasentamiento en sitio debe quedar claramente determinado y el término de corresponsabilidad debe ser eliminado.
Más adelante, el cabildante Héctor Francisco Preciado, insistió en que la protección se refiere a ofrecer una mejor calidad de vida, no repetir experiencias negativas del pasado, sino trabajar en conjunto por el bienestar de todos a través de iniciativas como esta.
Por su parte, el líder de la Unidad de Formulación de Instrumentos de Gestión del Suelo de Planeación Municipal, Nelson Darío Valderrama Cuartas, afirmó que la Política Pública pretende garantizar las condiciones de los residentes y locales comerciales, los recursos tangibles e intangibles, fortalecer las capacidades de los moradores para enfrentar los cambios, así como proteger el capital social, humano y económico de los pobladores que son afectados por intervenciones urbanas.
Miembros de la comunidad que tomaron la palabra solicitaron participar en todas las etapas de construcción del Proyecto de Acuerdo; expresaron que tienen preocupaciones frente al articulado, señalando que los principios y enfoques deben quedar incorporados dentro del texto de la Política Pública para garantizar los derechos de los beneficiarios y aclarar que estos deben darse acorde con la reglamentación.
De igual forma, se refirieron al derecho a la vivienda, asegurando que el proceso integral de reparación no debe ser a través de subsidios, sino aplicar un enfoque diferencial que tome en cuenta las características de la población, víctimas, mujeres cabeza de hogar, situación socio económica y demás características.
También estuvo presente la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Ana Cathalina Ochoa Yepes.
