18 concejales de Medellín solicitaron al Procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, la suspensión del concurso de méritos para proveer 4.927 plazas entre el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y contratado con la Universidad de Pamplona para su realización.
En uno de los apartes de la carta dirigida al señor Procurador señalan: “Consideramos que dicha institución educativa no es prenda de garantía debido a los cuestionamientos reiterados que se han conocido a través de diferentes medios de comunicación en relación con concursos para proveer cargos de directores de hospitales, jueces, magistrados y aún de procuradores judiciales.”
Para una mayor comprensión sobre el tema se transcribe la carta con los nombres de los concejales que la suscribieron:
Medellín, febrero 22 de 2018
Doctor
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
Asunto: Suspensión de concurso de méritos.
Los suscritos concejales del Municipio de Medellín muy respetuosamente le solicitamos ordenar la suspensión del concurso de méritos para proveer 4.927 plazas entre el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y contratado con la Universidad de Pamplona para su realización.
Consideramos que dicha institución educativa no es prenda de garantía debido a los cuestionamientos reiterados que se han conocido a través de diferentes medios de comunicación en relación con concursos para proveer cargos de directores de hospitales, jueces, magistrados y aún de procuradores judiciales.
Uno de los casos que ha trascendido en la región fue el escándalo conocido a través de un fallo del Tribunal Superior de Medellín, que califica de sospechosos y con varios visos de trampa algunos de los hechos que rodearon el último concurso de jueces y magistrados realizado en el 2015, para cuyo diseño del examen y preparación logística fue contratada la Universidad de Pamplona, en reemplazo de la Universidad Nacional, que en años anteriores, era la encargada.
Como se recuerda, días antes de la prueba de conocimiento, se encendieron las alarmas por la denuncias sobre la supuesta venta del cuestionario en Samaniego, departamento de Nariño. Dichas sospechas aumentaron cuando horas después del examen se conoció a través de la redes sociales el contenido completo de las cien preguntas de la evaluación.
El Tribunal Superior de Medellín indicó que semejante manera de obrar deja en evidencia un diseño irregular y proclive al error que es imputable a la universidad. Además, anotó que el mantener en el cuestionario preguntas supuestamente mal formuladas pareciera despertar un afán de trampa que atenta contra la dignidad de los aspirantes y desconoce su preparación académica.
Nos parece inconcebible que esta universidad siga al frente de la preparación de estos concursos cuando es manifiesta y evidente su cuestionable idoneidad, cuando el concurso de procuradores judiciales tampoco estuvo exento de denuncias.
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO NATALY VÉLEZ LOPERA
JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ
BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS ÁLVARO MÚNERA BUILES
FABIO HUMBERTO RIVERA RIVERA RICARDO LEÓN YEPES PÉREZ
ROBER BOHÓRQUEZ ÁLVAREZ SANTIAGO JARAMILLO BOTERO
JESÚS ANÍBAL ECHEVERRI JIMÉNEZ DANIEL CARVALHO MEJÍA
MANUEL ALEJANDRO MORENO ZAPATA JOHN JAIME MONCADA OSPINA
DANIELA MATURANA AGUDELO HÉCTOR FRANCISCO PRECIADO
SIMÓN MOLINA GÓMEZ RAMÓN EMILIO ACEVEDO C.
Redactó: Alberto Escobar, unidad de apoyo concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
