Boletín 113
29 de julio de 2020
Hoy fue realizado debate virtual para analizar la problemática de la extorsión en Medellín y cómo se combate actualmente, situación que no solo conduce a la vulneración de derechos colectivos e individuales, sino que es facilitador de otros delitos como homicidios, tráfico de drogas, concierto para delinquir, desplazamiento forzado intraurbano, entre otros.
El concejal Simón Molina, primera bancada citante, afirmó que la seguridad es un principio y un valor democrático al que todos los ciudadanos tienen derecho y el cual se ve afectado por un problema público y complejo como la extorsión. Según la Encuesta de Victimización del DANE del 2019, el 2.2 por ciento de los habitantes de Colombia de 15 años o más fueron víctimas de extorsión o intento de la misma en el período 2018, y el 81.4 por ciento de las víctimas manifestaron no haber denunciado, siendo las mujeres las más afectadas.
Manifestó su preocupación por la desconfianza en la institucionalidad por parte de la ciudadanía, y concluyó en la necesidad de ser cercanos a las personas y mostrar resultados que animen a la comunidad a denunciar este flagelo en cualquiera de sus 23 modalidades, como lo señala el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia-SISC.
Hizo referencia a que el 81 por ciento de los capturados son personas entre los 18 y 28 años de edad, y lo apremiante de pensar programas y estrategias que a través de la legalidad y las oportunidades, les permitan construir un proyecto de vida.
Para finalizar habló de algunos retos para este cuatrienio, tales como consolidar la utilización de las herramientas tecnológicas, potenciar la denuncia anónima en línea, que en la mayoría de las ocasiones no se hace por miedo; potenciar la Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, controlar la extorsión desde las cárceles y generar conciencia del fenómeno en la comunidad.
A su turno, el cabildante Fabio Rivera, segunda bancada citante, se refirió al manejo de seguridad en tema de extorsión y demás delitos en toda el Área Metropolitana, donde se puedan sumar esfuerzos en investigación, realizar despliegue operacional y destinar más presupuesto. Señaló que no se puede garantizar seguridad si no se tienen todos los elementos mínimos requeridos para hacerlo.
Por último, hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad a que no deje volver como algo natural todos aquellos delitos comunes que afectan a la ciudadanía como la extorsión que no solo atemoriza, sino que asfixia la economía en la ciudad.
El corporado Carlos Zuluaga, tercera bancada citante, agregó que en un informe presentado por Fenalco, el 90 por ciento de los tenderos en Medellín son extorsionados, y las Comunas donde más se presenta esta problemática son la 7, 8, 10, 12 y 15, según la Defensoría del Pueblo.
Expresó su preocupación frente a algunos comandos de la Policía Nacional en sectores donde la capacidad de atención es mucho más pequeña que el área de cobertura y en ocasiones, dificultan un buen manejo de las situaciones a las que se enfrentan constantemente.
Concejales que intervinieron en la plenaria, coincidieron en afirmar que se debe garantizar la seguridad de las personas que denuncian, y no únicamente promover las denuncias anónimas, debido a que la información recolectada ayuda en la toma de decisiones políticas, pero no es funcional a la hora de ser un material probatorio. Del mismo modo, sugirieron un trabajo fuerte en educación y cultura ciudadana, y mayor esfuerzo de la Secretaría de Juventud para impulsar el trabajo juvenil, ya que el desempleo en este grupo poblacional aporta en gran medida a que ellos hagan parte de redes dedicadas a este delito.
El secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, indicó la reducción de las denuncias debido a la cuarentena, sin desconocer el esfuerzo y el trabajo de la fuerza pública. Expuso las estrategias para reducir el indicador de Victimización por Extorsión plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, entre ellas la de seguridad ciudadana con equipos para la prevención y control de delitos articulares, y la continuidad del programa Parceros.
La Secretaría tiene $ 33.333 millones de pesos direccionados a estrategias de seguridad ciudadana y crimen organizado, incluida la extorsión. No se desconoce el subregistro que hay respeto a las denuncias y la aceptación de este delito como una condición normal del territorio, agregó el funcionario.
El gerente del ESU, Diego González, habló sobre las herramientas dispuestas para combatir este crimen. Manifestó que actualmente las plataformas Seguridad en Línea y TePillé se están replantando para unificarlas y crear una única opción de denuncia anónima que permita tomar decisiones oportunas; también se cuenta con el rastreo y localización de dispositivos de comunicaciones, el sistema de Número Único 123 (CAD) recientemente renovado y el sistema de Video Vigilancia con Analítica.
Indicó que estas herramientas generan información que puede ser almacenada y utilizada posteriormente como material probatorio, y las instancias pertinentes son las que determinarán la validez de ese material.
El representante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó las acciones que vienen realizando como la prevención por medio de actividades en sectores focalizados, un análisis minucioso de este fenómeno de mano con la Fiscalía General de la Nación y la investigación criminal en apoyo con la Secretaría de Seguridad. La suma de estas tres acciones ha permitido tener claros los sectores más afectados en los distintos sectores económicos, puntualizó.
Por último, expertos invitados añadieron que con el aumento del comercio informal y la reapertura gradual del centro de Medellín, la extorsión podría superar los doce mil millones mensuales, añadieron que la percepción ciudadana considera que no existe solución frente al tema; igualmente, aseguraron que la presencia de este crimen es muy alta en la ciudad, afectando la economía directa de los medellinenses.
