- Medellín viene perdiendo el control territorial debido al alto número de construcciones irregulares lideradas por organizaciones al margen de la ley que aumentaron durante la anterior vigencia.
- El 20% de la población de Medellín vive en asentamientos irregulares, según estudio de la Universidad Nacional, concejal Santiago Perdomo.
- El llamado a la Secretaría de Gestión y Control Territorial es implementar el ciclo de control urbanístico de manera oportuna: prevención, control y sanción.
El aumento de construcciones ilegales que vive hoy el Distrito y la invasión de lotes en zonas de alto riesgo por grupos ilegales es preocupante, así lo expresó el concejal citante Andrés Felipe Rodríguez, quien agregó que estos grupos convirtieron esta necesidad de las personas en una fuente de financiación para sus estructuras criminales ya que no solo venden los lotes, sino que desplazan a los compradores y los vuelven a vender a nuevas víctimas, afectando el crecimiento ordenado y planificado de la ciudad y jugando con la ilusión de las familias más pobres de adquirir vivienda propia.
Creo que este sería uno de los cinco problemas más grandes de la ciudad, esto se volvió un modus operandi por parte de las estructuras delictivas de la ciudad, promover este tipo de construcciones ilegales y también, se volvió una necesidad de las personas buscar donde vivir, agregó.
De igual manera, el corporado Farley Jahír Macías, segunda bancada, recalcó la necesidad de brindar una solución oportuna y articulada al déficit de vivienda que tiene hoy el Distrito de Medellín, ya que desde esta realidad se deriva gran parte los problemas actuales. Reconoció el trabajo de Isvimed que actualmente adelanta 7 proyectos de vivienda orientados a favorecer 888 familia con proyectos de interés prioritario y 424 con vivienda de interés social. Invitó a la Secretaría a buscar equidad en la asignación de soluciones de vivienda para favorecer la demanda de todos los territorios.
Mientras que la cabildante Janeth Hurtado, tercera bancada, hizo un énfasis especial en el crecimiento irregular de los Corregimientos, solo en ellos, durante el periodo 2019 y 2024 se reportaron 2608 radicados por procesos en las Inspecciones de Policía por infracciones urbanísticas del artículo 135 de la Ley 1801 de 2016 en lo que tiene que ver con parcelar, urbanizar, demoler o construir en áreas protegidas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios y las destinadas a equipamientos públicos, con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia, en bienes de uso público o en terrenos aptos pero sin licencias, o con licencias que ya han caducado.
Los demás Corporados participantes expresaron que esta problemática ha crecido en la última década un 25%, lejos de un adecuado ordenamiento territorial, de igual manera, solicitaron a la Secretaría de Gestión y Control Territorial mayor articulación institucional, aumentar la capacidad de respuesta ante las invasiones, abordar con cifras claras la problemática de déficit de vivienda la cual fomenta la adquisición fraudulenta de predios y la iniciativas de actores ilegales de querer suplirla a cualquier costo.
También, pidieron actualizar los procesos administrativos para hacer más eficientes los procesos en la dependencia territorial, mayor oferta en los programas sociales, combatir la corrupción y promover estrategias para sensibilizar a la comunidad frente a la pertinencia de adquirir vivienda legal.
Entre los desafíos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial se encuentra disminuir el represamiento de 16666 trámites atrasados que tiene a la fecha, lo cual se convierte en un escenario ideal para la corrupción, así lo indicó el secretario Juan Manuel Velásquez, quien informó que están trabajando para que a 31 de diciembre de 2025 las diligencias estén en los tiempos estipulados, pues en la actualidad un solo trámite de avalúo comercial puede tardar 1124 días en promedio.
Expresó que constantemente se enfrentan a problemas de orden público para ejercer el control en el territorio, pero dio un parte de tranquilidad a la comunidad indicando que está trabajando cada vez más articulado con las demás entidades para atender en el menor tiempo posibles los conatos de construcción, frente a los cuales solo tienen 48 horas para responder.
