- Solo 4 de cada 100 personas trans tienen contrato laboral, representando solo el 4% de la población trans en Colombia.
- Medellín debe ser un Distrito donde todas las personas tengan derecho a habitar el espacio público sin ser violentadas y puedan acceder a oportunidades de ingresos sin discriminación por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+.
Evaluar si los recursos están siendo utilizados de manera óptima y la efectividad de los programas dirigidos a la comunidad LGBTIQ+, así como la eficacia en su difusión, son aspectos importantes para garantizar el impacto positivo en la comunidad, manifestó el concejal Brisvani Arenas citante del debate de control político.
Enfatizó en la necesidad de respetar a todas las personas, independientemente de su sexo o creencias. Sin embargo, afirmó que el problema radica en que las actuales políticas no abordan adecuadamente las necesidades reales de la comunidad LGBTIQ+. Es esencial trabajar con las familias, ya que muchas no cuentan con las herramientas necesarias para manejar estos procesos, cuando una familia rechaza a un miembro debido a su orientación sexual, se evidencia la necesidad de educación y apoyo familiar, afirmó.
Señaló que es vital mejorar la calidad de vida de la comunidad y pidió a la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género una mayor eficiencia para garantizar los derechos y la seguridad de todos, sin excepción, para que nadie pierda la vida por pensar diferente, erradicando la discriminación debe ser erradicada.
Según el informe presentado, hay numerosas vulneraciones a los derechos de la población LGBTIQ+, lo que plantea la pregunta de si las acciones de la Gerencia han sido verdaderamente efectivas. Esta entidad es crucial para la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero es necesario control político para asegurar que los recursos se utilicen adecuadamente y que las medidas implementadas realmente logren el impacto necesario, concluyó el Corporado citante.
Por su parte, el cabildante Farley Macías, segunda bancada citante, planteó interrogantes relacionados con cómo se traducen estos esfuerzos en índices medibles y cómo se asegura el cumplimiento del principio constitucional de reconocimiento y la ley de no discriminación. Es crucial monitorear la efectividad de los mecanismos implementados y garantizar que las políticas y programas de la Gerencia sean interseccionales. Además, explicó que es fundamental mejorar continuamente las estrategias de comunicación para promover la inclusión y el respeto.
A pesar de los avances, subrayó el Corporado, la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo violentada, discriminada y hostigada. Reconoció que, aunque lo logrado hasta el momento es significativo, es solo un primer paso hacia la verdadera inclusión. No se debe escatimar esfuerzos para promover iniciativas pedagógicas que lleven a la ciudadanía a conocer y reconocer la pluralidad en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, puntualizó.
Todo adulto es dueño de su cuerpo y mente y, por tanto, tiene derecho a decidir sobre su vida y las relaciones consensuadas con otros. Colombia ha avanzado significativamente en términos normativos, permitiendo el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción, estos avances son un paso positivo hacia la igualdad y el reconocimiento de los derechos de la diversidad de género, expresó el concejal Luis Guillermo Vélez, tercera bancada.
Sin embargo, expresó su preocupación por los niños y la familia como entorno protector. Señaló que el Estado debe proteger y fortalecer el rol inicial de la familia y aunque Colombia ha progresado en el reconocimiento de derechos de la diversidad de género, incluyendo derechos de patrimonio, unión civil y protección legal contra la discriminación, es fundamental asegurarse de que estos avances no comprometan el entorno protector que la familia debe ofrecer a los niños.
Los valores y principios no tienen género, pues pertenecen a todos. Es necesario garantizar el acceso a la salud, la autonomía económica, la educación y todas las oportunidades para esta comunidad; trabajando con todas las familias, entendiendo que también son diversas y merecen validez y protección constitucional, expresaron los demás Concejales.
Agregaron que la realidad en Medellín es que hay muchas formas de ser familia, todas con validez y derechos constitucionales que el Estado debe proteger. Por ello, es crucial desarrollar estrategias para disminuir la deserción escolar y acompañar efectivamente a los adolescentes en las 421 instituciones educativas de la ciudad, especialmente aquellos con dificultades de salud mental. Medellín debe garantizar la protección de la vida mediante una articulación permanente con la Secretaría de Seguridad y otras dependencias encargadas de esta agenda, concluyeron los Corporados.
El gerente de Diversidades Sexuales e Identidades de Género, Edgar Yepes Londoño, explicó que la dependencia ha desarrollado una estructura con componentes y mecanismos de acción territorial para promover los derechos, la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y una vida digna para las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, así como para sus familias.
Con un presupuesto de $3.666 mil millones de pesos para el cuatrienio, la gerencia espera beneficiar a 6,000 personas a través de acciones que promuevan sus derechos y los de sus familias. En 2023, se atendieron 1,365 personas mediante actividades y servicios como asesoría jurídica, fortalecimiento de mesas y colectivos LGBTI, y dinamización del centro para la diversidad, entre otros.
Comunidad presente en el debate explicó que la disfobia de género mal diagnosticada puede llevar a serios problemas de salud, psicológicos y hasta suicidios. Agregaron que este año 15 mujeres trans han sido víctimas de crímenes de odio ya que la homofobia y la disfobia continúan matando en la sociedad. La comunidad LGBTIQ+, especialmente las personas trans, exigieron medidas que les garanticen una vida libre de violencia en todos los escenarios, acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda digna.
