- La Secretaría General tiene a su cargo dos subsecretarías, la de Prevención del Daño Antijurídico y la de Defensa y Protección de lo público.
- “Existe un grave riesgo financiero y jurídico ante la ausencia de un consolidado de las sentencias pendientes por pagar”, Sebastian Gómez Sánchez, secretario general del Distrito.
- Los procesos jurídicos activos aumentaron un 138% entre 2020-2023, el valor total de los mismos asciende a $8.7 billones de pesos.
Sobre los riesgos manifestados por el Secretario General del Distrito, los Corporados manifestaron su preocupación ante las situaciones expuestas ya que todas ellas pueden conducir a detrimentos patrimoniales, pago de intereses moratorios, entre otros, que perjudican al Distrito y, por ende, a todos los habitantes de la capital antioqueña.
La anterior administración le hizo mucho daño a la ciudad y por esto, existen necesidades complejas que se están dejando de atender, por la mala praxis se perdieron y se están perdiendo recursos públicos, perjudicando la calidad de vida de las personas más vulnerables de Medellín, agregaron.
Entre las irregularidades presentadas, a los Cabildantes les llama la atención que, aunque la alcaldía anterior solicitó aumentar los subsidios para algunos servicios públicos, éstos no fueron pagados dejando una deuda con EPM que acarrea intereses moratorios; y tampoco se entregaron al Metro de Medellín los dineros del Fondo de Estabilización de Tarifa –FET.
Los Concejales solicitaron a los órganos de control analizar cada caso puntual para encontrar los responsables individuales de las situaciones que se están presentando y no actuaron conforme a la norma, también, conocer el valor total de las demandas actualmente, si existe un análisis o estimación de derrota de las demandas que a hoy tiene el Distrito, y diseñar las acciones necesarias para salvaguardar las entidades de todos los riesgos jurídicos que puedan presentarse.
El reto es grande y como Concejo trabajaremos para apoyar la creación de instrumentos que contribuyan a mejorar la situación y prevenir el daño, aseguraron.
En su intervención, Sebastian Gómez Sánchez, secretario general de Medellín explicó que se han detectado casos importantes que pueden perjudicar la Alcaldía, entre ellos, el incumplimiento de pagos a EPM por $115.320.473.232 que corresponden a deuda por acueducto y alcantarillado, la demanda de controversia contractual con el Metro, concepto no favorable en el documento del Comité de Conciliación del Distrito para transferencia de recursos de la Clínica de la 80, el proceso Aguas Vivas que comprende la cesión de un inmueble lote de terreno que sería usado para compensar obligaciones urbanísticas y demandas de los docentes.
Agregó que existen ocho procesos de repetición y el pago de sentencias aumentó un 18 por ciento pasando de $10.939 millones de pesos entre 2016-2019 a $12.492 millones de pesos en el periodo 2020-2023.
De las 11 mil demandas, hay 1681 demandas con probabilidad de pérdida mayor al 50 por ciento de pérdida, de ellas, quienes tiene más riesgo de perder son las Secretarías de Educación por $71 mil millones en sentencias, le siguen Hacienda con $68 mil millones, Planeación por $32 mil millones, Infraestructura $27 mil millones y Gestión Humana $25 mil millones de pesos, aseguró el funcionario.
Concluyó mencionando los retos que tiene su dependencia que se orientan a recuperar la confianza institucional de la Secretaría General y el Conglomerado, diseñar y ejecutar plan de acción con el fin de disminuir los procesos judiciales, fortalecer las estrategias de prevención del daño antijurídico, mejoramiento tecnológico de las herramientas de hardware y software, entre otras que mejorarán la dependencia.
