Boletín 125
- El Proyecto de Acuerdo 136 de 2023 busca definir las políticas generales y el marco de actuación del Programa de Vivienda del Distrito, para brindar más facilidades de acceso a vivienda digna propia a los funcionarios públicos de la ciudad.
Esta iniciativa es necesaria para dar garantías de vivienda digna y propia a los funcionarios del Distrito, expresó el coordinador de ponentes, concejal Luis Felipe Betancur, quien explicó que el programa se regirá bajo cinco modalidades: la compra del inmueble y habitación, la cancelación de hipotecas, el mejoramiento de vivienda, la construcción de vivienda en lote y las reformas de vivienda; atendiendo las solicitudes realizadas por los servidores al interior de la Administración.
Indicó que, para compra y cancelación de hipotecas se destinará hasta 125 smmlv; para la construcción y mejoramiento de vivienda hasta 90 smmlv, y para reformas hasta 60 smmlv, aclarando que los salarios mínimos en la Administración están por encima de los smmlv.
En su intervención, solicitó a la Alcaldía bajar la tasa de interés del 2 al 1 por ciento tal como lo vienen haciendo otras instituciones. Para finalizar, agregó que este proyecto de acuerdo es altamente benéfico para los funcionarios públicos del Distrito.
Otros Cabildantes manifestaron su apoyo a la iniciativa en pro de incentivar el trabajo, pero manifestaron su preocupación frente a un artículo con el cual se permite que el funcionario beneficiado no habite en su vivienda, ítem que desnaturaliza el proyecto y abre puertas a personas inescrupulosas y quitan la oportunidad a otras que sí requieren una vivienda digna para habitar con sus familias.
Igualmente, sugirieron dialogar y escuchar a los sindicatos, establecer políticas claras frente a la ocupación de la vivienda comprada con los recursos del préstamo para no coartar la posibilidad de que otros funcionarios que no tienen vivienda puedan acceder a ella y minimizar el riesgo de que una persona acceda dos veces al beneficio por encima de otro que no lo haya adquirido.
Sobre el artículo 35 del proyecto, pidieron sea revisado ya que este desnaturaliza un programa de vivienda que puede servirle de manera importante a muchos funcionarios que hoy no tienen una solución de vivienda propia.
Finalmente, la secretaria de Gestión Humana, Vanesa González Montoya, presentó la sustentación jurídica del Proyecto de Acuerdo; mostró algunas cifras del programa que ya tiene 61 años desde su origen y expresó que 7541 personas se han beneficiado, se tienen 3120 créditos activos y se han adjudicado 1243 beneficios en el último cuatrienio.
Los cambios propuestos, entre otros, son subir hasta 135 salarios mínimos para compra, equivalentes a 299 millones de pesos; cancelación de hipotecas hasta 135 salarios mínimos también, construcción a 90 salarios, mejoramiento a 90 salarios y reformas a 60 salarios mínimos.
Entre los principales cambios del proyecto que contemplamos están bajar la tasa de interés del 2.5 al 2 por ciento anual y no exigirle al servidor habitar la vivienda, pero, de igual forma, también se disminuyeron los trámites para acceder al beneficio de congelación, creamos estrategias para adquirir una mayor responsabilidad del adjudicatario, ajuste en la documentación requerida, etcétera, puntualizó la funcionaria.
