Boletín 451
4 de diciembre de 2019
En segundo debate realizado hoy en la Corporación, fue aprobado con 19 votos positivos, el Proyecto de Acuerdo 169 de 2018 “por el cual se crea la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas del Municipio de Medellín – PPPMAEP y se dictan otras disposiciones”.
La concejal Aura Marleny Arcila, coordinadora de ponentes, afirmó que esta Política significa un gran legado para la ciudad y es un instrumento muy importante para la sociedad, derivada del capítulo segundo del Plan de Ordenamiento Territorial en el cual se abordan los principios y acciones de la Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas, regidos bajo varios principios como la equidad, inclusión, el restablecimiento de condiciones iniciales, los derechos de permanencia, etcétera.
Estuvimos en procesos de socialización en diferentes zonas urbanas y rurales de Medellín para escuchar a todos los actores. Esta Política busca que las comunidades no sean solo corresponsables de las obras si no que encuentren beneficios de ella, agregó la Arcila Giraldo.
Por último, indicó que también se hace necesario proteger el capital económico y las unidades productivas para aprovechar las ventajas de localización de las personas al habitar el sitio durante hasta 10 y 20 años, y los derechos correlacionados con el bienestar de los moradores.
A su turno, la concejal ponente Luz María Múnera Medina, aseveró que la Política Pública no es el instrumento ideal, pero es una buena herramienta para que en Medellín no se generen más víctimas del Desarrollo; agregó que tiene como aciertos el amplio proceso de socialización, la deliberación y la incidencia en la toma de decisiones por parte de la comunidad, promoviendo los derechos de la ciudadanía.
Por su parte, el corporado John Jaime Moncada, ponente, expresó esta Política es de vital importancia porque es el inicio de un programa que ayudará a proteger los derechos de las personas cuando se realicen obras de desarrollo en la ciudad. Este es un gran reto para la ciudad que tiene como objetivos, entre otros, contribuir, mediante la gestión integral del suelo, como escenario de oportunidades, a la protección de los derechos de los moradores.
El desarrollo de Medellín y la construcción de obras se fueron dando sin tener buena planificación urbanística, estas surgieron de las necesidades de movilidad, de educación, de salud, entre otras; estas obras han exigido que la Administración responda a la protección de los derechos de las personas y con esta Política se busca protegerlos y brindarles las garantías necesarias para que continúen teniendo espacios dignos para su habitabilidad, aseguró el concejal ponente Héctor Francisco Preciado.
Corporados que tomaron la palabra manifestaron que este es un proyecto que quedará como legado para garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos; también, pidieron incluir los enfoques de género y étnico para establecer cómo impacta esta Política en las mujeres y en los diferentes grupos poblacionales que habitan la ciudad.
Por último, valoraron que la Administración Municipal haya hecho su apuesta económica para esta iniciativa, pero se queda en deuda con la actualización del plan político-administrativo de la ciudad.
Durante la plenaria, la subdirectora del Departamento Administrativo de Planeación, Claudia García, explicó que este proyecto es el marco normativo para garantizar que ninguna obra pública o transformación urbanística que se ejecute en la ciudad, desmejore las condiciones actuales de los moradores de ese territorio o impacte de manera negativa su calidad de vida.
Agregó que este documento incluye 22 artículos en 5 capítulos, en los cuales se reconoce la dignidad humana, los ámbitos de vida individual, el derecho a la ciudad y el derecho de permanencia como principio rector de las actividades, la minimización del reasentamiento, la resiliencia territorial, entre otros; para mitigar los impactos de los desarrollos urbanísticos en las intervenciones de ciudad.
Comunidad presente en el debate solicitaron mayor gestión del territorio para garantizar el reasentamiento en sitio que garantice la permanencia del tejido social, también, menos reubicaciones y arrendamiento temporal, proteger el derecho de los ciudadanos de tener una habitabilidad digna que sea más incluyente y respetuosa del ser humano.
