Boletín 303
La sesión plenaria desarrollada esta mañana en el recinto del Concejo de Medellín, estuvo dedicada al estudio del Artículo 2º: autorizar a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para que, en caso de que logre concretar las gestiones que le permitan ser propietaria, enajene las participaciones accionarias que tendría en Gestión Energética S.A. E.S.P., EMGESA S.A. E.S.P, Corporación Financiera Colombiana S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Colombia S.A., Acerías Paz del Río S.A., Promioriente S.A. E.S.P. y Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P., además de responder a los cuestionamientos realizados por los Cabildantes en anteriores debates.
En su intervención, el concejal Simón Molina Gómez, coordinador del grupo de ponentes, manifestó que durante las plenarias y las reuniones adicionales que se han llevado a cabo para la socialización, estudio y discusión del Proyecto de Acuerdo 150 de 2018, se han logrado explicar aspectos de gran relevancia y avanzar en la toma de la mejor decisión.
Molina Gómez, recordó que los propósitos de dicha propuesta son garantizar la transferencia de excedentes que Empresas Públicas de Medellín, Epm, realiza al Municipio de Medellín, que contribuyen en gran medida a cumplir con las metas del Plan de Desarrollo actual y los de próximas Administraciones, así como cuidar el futuro y la sostenibilidad financiera de esta empresa.
La corporada Luz María Múnera Medina, solicitó a Epm entregar los datos exactos de endeudamiento del Grupo Epm, así como la información financiera de la venta de energía, teniendo en cuenta que se encuentra en un estado de sobre endeudamiento.
Por otro lado, advirtió que, si se reconoce que no hay claridad jurídica frente a la enajenación de empresas domiciliadas en el exterior, la decisión que se tome con relación a este proyecto corresponderá a una decisión política, así como la de mantener informado al Concejo Municipal acerca de las inversiones internacionales en aras de la transparencia en el manejo del patrimonio público de la ciudad.
Acto seguido, el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata, expresó su preocupación respecto a la desinformación que se ha generado a partir de las publicaciones de los medios de comunicación con relación a este tema; además, manifestó su desacuerdo con la solución planteada por Epm de vender el patrimonio público para solucionar las actuales dificultades de liquidez.
Por último, Moreno Zapata, pidió al Alcalde de la capital antioqueña, analizar la viabilidad de esta iniciativa, poniendo especial atención a los aspectos jurídicos, financieros y de carácter social.
Acto seguido, el corporado Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, insistió en que el Gerente de Epm debe reestructurar su equipo directivo y disminuir las escalas de poder para acceder de forma ágil a la información. Entre sus peticiones también estuvieron la presencia del Gobernador de Antioquia, el Personero y la Contralora Municipal, así como conocer cuáles son las condiciones de éxito planteadas en la compra de todos los negocios en el exterior.
Posteriormente, el concejal Héctor Francisco Preciado, hizo énfasis en que los responsables de la contingencia de Hidroituango deben rendir cuentas de lo sucedido y aclarar si las fallas realmente fueron ambientales y no de construcción, antes de votar a favor o en contra del Proyecto de Acuerdo.
Por su parte, la concejal María Paulina Aguinaga, insistió en la entrega por parte de Epm del informe financiero con los datos de las transferencias de los últimos diez años. Además, señaló que le alarma, en caso de continuar con Hidroituango, que se realicen adiciones a los mismos contratistas desconociendo las causas de la emergencia y los hechos de corrupción que pueden involucrar a algunos de ellos.
Durante su exposición, el gerente de Epm, Jorge Londoño De La Cuesta, presentó los posibles escenarios en caso de declarar inviable o no el proyecto Hidroituango y aseveró que la línea en cualquiera de los panoramas es ascendente para la empresa, “si este continúa afecta más la liquidez que la rentabilidad, de no ser así actuaría de forma contraria”, afirmó.
Indicó que los criterios de análisis para las desinversiones están orientados a solucionar el problema de iliquidez que se presume para el año 2019; con ello se pretende mantener la solidez financiera del Grupo y desarrollar transacciones exitosas en el menor tiempo posible.
Para finalizar, la representante de la Secretaría General de Epm, Maritza Álzate Buitrago, hizo referencia a la Ley 226 de 1995, de la que aseguró que no es aplicable en la enajenación de empresas domiciliadas en el exterior. Añadió que Epm incursionó en otros mercados porque la propia norma lo respalda, sin dejar de ser sujeto de control por parte del Concejo de la ciudad.
