Boletín 266
16 de julio de 2019
La sesión plenaria del Concejo de Medellín, llevada a cabo esta mañana, estuvo dedicada al análisis de la figura de retén social, que busca proteger los derechos fundamentales a la dignidad del trabajo de los empleados del sector público y privado, a propósito de la Convocatoria 429 de 2016.
En su intervención, el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz, líder del debate, aseguró que no está en contra de los concursos de méritos, pero comprende el derecho que tienen los funcionarios que durante muchos años han prestado sus servicios a la municipalidad y que hoy ven amenazada su estabilidad financiera, familiar y su crecimiento profesional.
De igual forma, Zuluaga Díaz, manifestó su preocupación frente a la interpretación de la Ley 1960 de 2019 y solicitó una respuesta frente al tema, debido a que según él no es claro si dicha norma es retroactiva o a futuro; además sugirió que las vacantes que surjan en cada entidad deberían ser ocupadas por quienes perderán su trabajo y que por su experiencia y conocimiento merecen seguir empleados.
Luego, el corporado Fabio Humberto Rivera Rivera, segunda bancada citante, hizo un llamado a la Administración Municipal para que active todos los mecanismos disponibles para generar el menor impacto posible en los procesos internos y la situación de los colaboradores que entregarán su empleo.
En esa misma línea, fue reiterativo en los requerimientos de analizar la situación de cada empleado y aplicar la protección especial para quienes presentan enfermedades catastróficas o algún tipo de discapacidad, los que son padres y madres cabezas de familia y los que están próximos a pensionarse.
Por su parte, el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, tercera bancada citante, advirtió que la salida de un alto número de servidores de diferentes entidades pone en riesgo sus buenos resultados, situación que exige valorar el talento humano y reacomodar laboralmente a los funcionarios que cuentan con una importante trayectoria y alto desempeño de sus cargos.
Acto seguido, los demás Corporados que intervinieron, dijeron que la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, no puede continuar desarrollando exámenes sin tener en cuenta los ejes temáticos y las funciones específicas de cada oficio, como se evidenció en este último proceso de selección. Asimismo, pidieron ejecutar acciones en favor de los afectados, entre ellas, un acompañamiento personalizado de carácter jurídico y psicológico.
De otro lado, la secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Cristina Nicholls Villa, señaló que desde 2014 la CNSC exigió a la Administración Municipal cumplir con la obligatoriedad de realizar el reporte de vacantes, dado que desde 2005 no se hacía un concurso de méritos. También mencionó que a la fecha existen 858 listas de elegibles con firmeza, 44 no confirmadas, 370 desiertas, 53 insuficientes y 479 denominadas como normales.
Por último, representantes de las organizaciones sindicales, hicieron énfasis en el cumplimiento de la figura de protección especial para quien corresponda y solicitaron activar una comisión de estudio que se proponga buscar alternativas para los funcionarios perjudicados, por ejemplo, ocupar las listas insuficientes y desiertas, teniendo en cuenta que en dicho concurso primó la improvisación y no las competencias profesionales, afirmaron.
