Durante el debate realizado en el Concejo de Medellín, en el cual se analizó la difícil situación que atraviesan las cárceles de la ciudad en materia de hacinamiento, los corporados expresaron que se requiere una solución urgente del orden Nacional.
La presidenta del Concejo, Aura Marleny Arcila Giraldo, manifestó que en primer lugar se debe resaltar que el sistema carcelario ha sido declarado en estado de cosas inconstitucionales desde el año 1988, la cual constituye una verdadera crisis humanitaria, en relación a la vulneración masiva de derechos, la omisión continuada de las autoridades para garantizar derechos, la ausencia de medidas legales efectivas para modificar la situación y la raíz social del problema de los penados sin intervención integral.
Asimismo, afirmó que para el año 2019 se prevé que, gracias al aumento de la operatividad de la Policía Nacional y la eficiencia actual de la Rama Judicial para atender los casos, el sistema completo llegue al 77 por ciento de hacinamiento.
En Antioquia esos niveles ya se alcanzaron, con cerca de 9.000 cupos y una población cercana a 14.000 en toda la jurisdicción, añadió Arcila Giraldo.
Además, la corporada hizo énfasis en que se debe impedir que lleguen consumidores al sistema penitenciario, a través de un mejor modelo de asistencia, rehabilitación, educación y generación de ingresos.
Por último, reiteró su llamado al Fiscal General de la Nación, de impedir que se disminuya un solo segundo la presión sobre las estructuras criminales.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Andrés Tobón Villada, expresó que desde su dependencia se han realizado diversas actividades como intervención psicosocial de los internos de las cárceles, pos penados y sus familias, y prevención del delito en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Al respecto la directora del Inpec, Imelda López Solórzano, propuso la creación de cárceles por subregiones para población sindicada, con presupuesto de los Entes Territoriales o mediante el esquema de asociación público privado y el aumento de Juzgados de Ejecución de Penas para resolver con mayor prontitud las solicitudes.
Además, mayor compromiso del Gobierno Nacional con el Sistema Penitenciario y Carcelario en el cumplimiento de tutelas que ordenan la asignación de recursos para ofrecer condiciones dignas de habitabilidad.
