Boletín 119
Concejales de Medellín hicieron un llamado al Instituto Social de Vivienda y Hábitat, Isvimed, y a la Administración Municipal, para que asesoren y acompañen a las familias que han sido víctimas de estafa inmobiliaria en la ciudad, y a las Organizaciones Populares de Vivienda, Opv, para que sean viables y contribuyan a que más personas accedan a su vivienda.
Durante el debate realizado hoy, los corporados de las tres bancadas citantes aseguraron que es responsabilidad de Isvimed y del Estado velar porque se brinden las condiciones adecuadas para que las familias que invirtieron sus recursos en alguna Opv o en otro tipo de organizaciones, puedan por fin ver materializado su hogar.
Al respecto, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, del Partido Liberal, primera bancada citante, aseguró que hasta el momento no se han tomado las medidas disciplinarias para frenar estos abusos, “el Estado es lento para aplicar correctivos y acciones ejemplares, más de 50 mil personas han sido afectadas en los últimos 10 años, configurándose una estafa en masa que vincula funcionarios y exfuncionarios, y burla las actuaciones de los organismos de control y las víctimas”, expresó el Concejal.
En su intervención presentó varios casos de estafa inmobiliaria, que involucran funcionarios y exfuncionarios, entre ellos, María Doris Ballesteros Rojas, José Arley Cuesta Perea; Gilberto Chica Gutiérrez del clan Gutiérrez, al que se le entregaron 6000 mil millones de pesos por parte del gerente de VIVA, Jorge León Sánchez Mesa, para realizar mejoramientos de vivienda en Antioquia. Guerra Hoyos indicó que estos y otros “nombres fueron presentados ante las autoridades para que inicien investigaciones y se tomen las medidas correspondientes”.
Afirma el Concejal que en Isvimed se han recibido quejas de las familias víctimas de “Villa Fico” en las cuales indican que representantes de la Opv aseguraban contar con apoyo institucional del Municipio y la Gobernación. Además, aseveró que las curadurías deben ser más rigurosas al otorgar licencias de construcción.
El Corporado propuso la creación de una mesa interinstitucional conformada por diferentes entidades públicas y privadas que haga frente a este delito con toda la rigurosidad, establecer mecanismos efectivos en la selección de curadores urbanos, analizar detalladamente las Opv que recibirán recursos y agilizar soluciones efectivas para los casos de “delitos en masa” de estafa inmobiliaria que generen las sanciones esperadas por la ciudad.
Por su parte, la concejala Luz María Múnera Medina, del Partido Polo Democrático Alternativo, segunda bancada citante, manifestó que la Administración Municipal no cumple con el principio de confianza legítima con el Estado, otorgando mejores condiciones a los grandes constructores y desprotegiendo al ciudadano.
Expresó que las Opv se han convertido en el chivo expiatorio de la verdadera estafa inmobiliaria en Medellín que involucra también a grandes constructores, además, afirma que Isvimed no cumple su función que es garantizar el seguimiento, control, vigilancia y cumplimiento de los fines contratados. Evidenció también que la situación de las Curadurías exige correctivos, “actualmente 3 de 4 Curadurías están en cabeza de la señora Ángela María Restrepo Uribe quien no tiene el tiempo suficiente de atenderlas, en ellas no se cuenta con personal idóneo y no se entregan los documentos a tiempo”.
Exigió a funcionarios de la Alcaldía presentes brindar mayores soluciones y acompañamiento a estas organizaciones, “pues actualmente están abandonadas”, también construir una propuesta de acompañamiento técnico, administrativo y financiero para solucionar esta problemática.
Con relación al tema, el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, del Partido de la U, tercera bancada citante, advirtió que no todas las OPV son corruptas y necesitan acompañamiento del Estado para que entreguen viviendas dignas a las familias. “Solicitaremos a la Fiscalía las investigaciones pertinentes sobre el tema de la estafa inmobiliaria y si se ha cometido algún delito debe ser castigado por la Ley”, afirmó el Concejal.
Llamó la atención sobre las fallas en el acompañamiento social y jurídico a los usuarios de Isvimed que hasta la fecha no han tenido solución a sus problemáticas. Asimismo, les pidió contratar personal idóneo para los proyectos de Opv y la realización la interventoría en las obras, teniendo en cuenta que el Instituto es quien proporciona los recursos.
Manuela García Gil, directora de Isvimed, informó que a la fecha no se ha radicado en Isvimed algún proyecto denominado “Villa Fico”, no tiene subsidios asignados por la entidad. Con Asomedellín, el Instituto tiene suscritos tres convenios, uno se ejecutó completamente y otro fue sancionado y estamos en proceso de recuperar 1.413 millones de pesos, expresó.
La funcionaria dijo que se levantaron las alertas necesarias ante las autoridades competentes y se envió comunicado a los medios de comunicación donde se aclaró que Isvimed no tiene relación con algunos de los proyectos de Opv.
El secretario de Gestión y Control Territorial, José Nicolás Duque Ossa, indicó que se negaron los permisos para el proyecto Torres del Este, para la captación de recursos basados en algunas de las siguientes causales: no cuenta con licencia urbanística, no contiene modelo de escritura pública, no posee compraventa, entre otras.
Frente a los proyectos de la familia Chica Gutiérrez, se establecieron las denuncias respectivas para las unidades habitacionales Baldomero en San Cristóbal y otro más en el barrio Malibú. El proyecto Madre Laura también fue denunciado por no tener los requisitos de Ley y según el POT, el suelo donde fue presentado este proyecto no se destinará para vivienda, puntualizó Duque Ossa.
