- El Mínimo Vital de Internet es el Proyecto de Acuerdo 57 de 2021, con este se beneficiarían 315.917 estudiantes de los 229 colegios oficiales en 2022 pero no cuenta con recursos asignados.
- Medellín implementó el Presupuesto Participativo en 2007, destinando el 5% del presupuesto de la ciudad a proyectos de índole participativo.
En el marco de la discusión del presupuesto que tendrá el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación para la vigencia 2024, Proyecto de Acuerdo 150 de 2023, fueron presentados ante el Concejo de Medellín los presupuestos que a la luz de los Acuerdos aprobados han sido ejecutados en 2023 y continuarán siéndolo en 2024.Concejales que intervinieron cuestionaron iniciativas como el Mínimo Vital de Internet, iniciativa que hace parte de los Acuerdos ya sancionados y que a la fecha no cuenta con recursos para su funcionamiento y tampoco para el próximo año.Manifestaron también que, el Presupuesto Participativo necesita un cambio profundo para funcionar correctamente y garantizar la participación de los ciudadanos, según lo expresa la Ley 1757 de 2025.Para finalizar insistieron en que, uno de los problemas de participación más evidentes ha sido la transición al Acuerdo 28 de 2017, que cambió las asambleas barriales por concejos comunales, que han quitado el control social de los recursos, la participación ciudadana y la planeación del territorio.Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Fernando Gómez, indicó que son 640 los Acuerdos que a corte del 30 de septiembre se han ejecutado con un presupuesto de $ 3.639 millones de pesos y que para la vigencia 2024 contarán con un rubro de $ 2.99 billones de pesos para continuar con su ejecución.Asimismo, discriminó por dependencia los rubros para la ejecución de dichas iniciativas, tanto en el actual año y para el próximo, de la siguiente manera:
En última instancia, Víctor Hugo Quintero, líder de la Comuna 6, denunció que desde el año 2016 una familia ha logrado coaptar los espacios de participación, por medio de la contratación pública, hecho que viola los derechos de la comunidad frente al control social de los recursos y los procesos de planeación y desarrollo comunitario.
